Las eléctricas movieron ayer ficha ante la gran reforma del sector que el Gobierno aprobará a finales de junio. El presidente de la patronal Unesa, Pedro Rivero, apostó por reducir de forma «drástica» el número de consumidores del mercado de precios regulados para pasarlos al liberalizado. Ésa es, a su juicio, la mejor fórmula para evitar que se repita la abultada diferencia negativa entre los costes que las compañías soportan y los ingresos que obtienen por distribuir electricidad.

El Ejecutivo ha reconocido a las empresas un déficit tarifario de 3.830 millones de euros en 2005 y está empeñado en que esa circunstancia no se vuelva a producir. Por eso, impulsó en febrero una reforma provisional del mercado mayorista y prepara un paquete de reformas para fomentar la liberalización y la competencia en el sector. Pese a ello, el desfase ascendió a 896,6 millones en el primer trimestre del presente ejercicio.

La receta de las compañías eléctricas para abordar los cambios es clara y contundente: «si el mercado no funciona, más mercado». El líder patronal hizo una encendida defensa del mercado libre y achacó los problemas del sistema a su convivencia con el regulado. Las tarifas, según argumentó, son más bajas que los precios liberalizados porque existen «componentes políticos que presionan a la baja». Ello mantiene en una «cautividad voluntaria» a consumidores que ya son libres para cambiar pero no lo hacen porque no les resulta rentable.

Todos los costes

Rivero -que preside Unesa en funciones, tras la salida de Iñigo de Oriol- defendió que la tarifa debe recoger tanto los precios «libres» del mercado mayorista -que el Ejecutivo elimine el máximo de 42,35 euros que fijó en febrero- como «todos» los costes de la distribución para garantizar la sostenibilidad financiera de las empresas. El representante empresarial apostó por fomentar los contratos bilaterales a largo plazo y por crear distintos tipos de tarifas en función del tipo de cliente. Además, reclamó que se adelante la desaparición de los precios fijados por el Gobierno, prevista para 2011, fecha en que serán sustituidos por una tarifa de último recurso para los consumidores domésticos.

Industria espera someter sus propuestas a debate en el Consejo de Ministros del próximo 30 de junio. El departamento que dirige José Montilla pretende obtener luz verde a una nueva metodología de cálculo de la tarifa eléctrica, que recogerá mejor los costes de las empresas. Además, aprobará una subida de la tarifa de hasta el 1,4% para empezar a compensar el déficit del año pasado y decidirá el mecanismo y el periodo concreto de recuperación, así como los cambios en el mercado mayorista que impidan la generación de déficit sucesivos.