Los partidos de la oposición -PNV, PSE, EA y EB- hicieron ayer valer su mayoría en las Juntas Generales alavesas para instar a la Diputación a que afronte «este mismo año» de forma subsidiaria las compensaciones económicas previstas para las familias de los muertos y los heridos en los sucesos del 3 de Marzo. Las formaciones argumentan su petición por el retraso que acumula en el Congreso de los Diputados la ley que regulará las indemnizaciones a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.

Durante la defensa de esta moción, impulsada por EB, los partidos recordaron que en mayo del pasado año la Cámara alavesa acordó por unanimidad afrontar los pagos si para julio no entraba en vigor la ley de reparación. Como no está previsto que esté aprobada para esta fecha, piden que sea la Diputación la que dé respuesta a este colectivo «antes de que se mueran algunas de las víctimas», coincidieron junteros del PNV y EB.

El pacto unánime de 2005 incluía también la concesión de la Medalla de Álava a la asociación que defiende a estas personas. Las víctimas se han negado a recoger la distinción de manos del diputado general, Ramón Rabanera, si éste no exige que se esclarezcan los trágicos sucesos acaecidos hace 30 años. Ante esta situación, la oposición propone a la Diputación alavesa que «haga los esfuerzos necesarios para lograr el consenso preciso» con la asociación.

El PP y el Grupo Mixto (ex UA) rechazaron la iniciativa. Los populares se negaron a reconocer a los muertos y heridos de ese día como «víctimas del terrorismo», al contrario de lo que aprobaron los populares en el Ayuntamiento. Además, consideraron que se debe esperar a que el Congreso termine su trabajo «y no meter a la Diputación en un gasto de estas características». En cuanto a la medalla, argumentaron que el diputado general «ha hecho todo lo posible por llegar a un acuerdo» con el colectivo.

El portavoz de las víctimas, Andoni Txasko, tildó de «positivo» el acuerdo, pero admitió que será «difícil» hacer una valoración de daños por cada fallecimiento o discapacidad. No obstante, reiteró que para el colectivo «lo primordial es que se investiguen los hechos y se depuren responsabilidades».

Contencioso de Treviño

Por otra parte, Rabanera compareció ayer en la Cámara provincial a petición de EB para explicar cuáles son las relaciones de las instituciones implicadas para solucionar el contencioso de Treviño. Tras hacer un repaso de lo acontecido en diez años, el jefe del Ejecutivo foral admitió que la negociación para abordar la incorporación del enclave a Álava está en punto muerto.

Rabanera apostó por facilitar «el encuentro entre las instituciones». Pero también dijo que hasta que no haya elecciones y cambie la composición de los dos ayuntamientos afectados, de modo que dos terceras partes de los concejales estén a favor de la segregación, no será posible reintentar el proceso.

El PNV, por su parte, propuso en el Congreso para su debate que está Cámara inste al Gobierno central para buscar los mecanismos jurídicos que posibiliten que «la voluntad de los ciudadanos de Treviño sea institucionalmente tomada en consideración», suscribe la iniciativa