La campaña previa al referéndum sobre el nuevo Estatuto de Cataluña del próximo día 18 ha arrancado con un elevado grado de tensión entre la clase política. La decisión de la Junta Electoral Central de prohibir que la publicidad institucional llame a la participación de los ciudadanos ha provocado una fuerte polémica entre los que apelan a que no se pueda coaccionar el derecho a optar por la abstención y quienes argumentan que el artículo 23 de la Carta Magna consagra y protege específicamente el derecho de participación de los ciudadanos. Una crispación que es acorde con el permanente enrarecimiento que ha marcado la tramitación de la norma. De hecho, el referéndum culminará un proceso de reforma estatutaria convulso y trompicado, que ha consumido más de dos años de la legislatura catalana y ha alterado los diversos sistemas internos de relaciones políticas y sociales. El texto sometido a consulta popular es notablemente distinto al que entró en Las Cortes, donde el proyecto se moderó y limó parte de sus aristas a costa de perder la gran unanimidad lograda por el documento originario. Si éste fue apoyado por el 90% de la Cámara autonómica, el dictaminado en el Congreso y el Senado pasó la tramitación con mayorías suficientes pero exiguas y sin que las modificaciones introducidas propiciaran el deseable consenso con el PP. Por el contrario, los cambios y, sobre todo, el acuerdo con CiU, se han cobrado la desafección de Esquerra Republicana, la quiebra del Gobierno catalán y el anuncio por parte de Pasqual Maragall de un adelanto electoral.

Al final, tras meses de farragoso y tenso debate, de compromisos y rupturas y de un permanente zarandeo partidista e ideológico, será el electorado catalán, como marca el procedimiento de reforma estatutaria, el que decida sobre la bondad de la norma y su capacidad para mejorar el Estatuto vigente y convertise en el nuevo motor de la autonomía. Mal harán las distintas formaciones si reducen una cita tan trascendental a un mero campo de batalla y no la transforman en un periodo fecundo para profundizar en los argumentos que, a su entender, validan o invalidan la reforma. Es evidente que lo que se vota no es el catalanismo del texto, ni el de sus defensores u oponentes, sino su potencialidad para generar progreso y desarrollo económico y social, dentro de una propuesta integradora con el conjunto de España. Y en este punto es respetable la decisión del PP de presentar un recurso de inconstitucionalidad si el nuevo Estatuto es ratificado. La reforma estatutaria catalana, por el carácter de referente que tiene en el debate territorial español, no debe atesorar ninguna duda. Pero antes, los ciudadanos de Cataluña, con el alcance de su participación y el sentido de su voto, decidirán el valor real del nuevo Estatut.