Batasuna amenazó con boicotear a la Audiencia Nacional en las negociaciones que los socialistas y la izquierda abertzale han mantenido en los últimos días para buscar una salida a la primera gran crisis del proceso abierto tras la declaración del alto el fuego de ETA. El anuncio de una próxima reunión entre el PSE y Batasuna y la decisión del juez Grande-Marlaska de dejar en libertad a los ocho miembros de la mesa nacional citados a declarar parecen haber cerrado el conflicto. «Por primera vez, se ve de forma clara una perspectiva de evolución positiva y creo que irreversible del proceso», expresó ayer el dirigente de Batasuna Karmelo Landa. «Por fin se ha salvado este enorme obstáculo para el desarrollo del proceso y ya se puede decir que la Audiencia Nacional queda apartada de ese camino», añadió.

Las declaraciones de los dirigentes de Batasuna y el sentimiento de alivio que exteriorizan los máximos responsables del PSE confirman que han superado la primera gran crisis del proceso abierto tras el alto el fuego. En los últimos quince días, la izquierda abertzale había advertido públicamente al Gobierno de que las cosas no iban por el buen camino, debido a la presión que la Audiencia Nacional mantenía sobre sus líderes.

En privado, los mensajes que Batasuna transmitía a los socialistas vascos eran todavía más preocupantes y llegaron a encender las luces de alarma. El proceso estaba al borde de la ruptura, a causa del malestar existente en ETA y en algunos sectores de la mesa nacional que consideraban que el Gobierno no avanzaba con la suficiente rapidez en lo relativo a la mesa de partidos. Además, la izquierda abertzale no comprendía que el Ejecutivo no controlara a los jueces.

En este intercambio de comunicaciones, Batasuna lanzó un órdago y amenazó con iniciar una serie de acciones de desobediencia civil dirigidas contra la Audiencia Nacional. Los dirigentes abertzales advirtieron de que no estaban dispuestos a acudir de forma voluntaria a las citaciones de los jueces, como han hecho hasta ahora, lo que obligaría a las fuerzas de seguridad a buscar y detener a los mahaikides. En estas circunstancias, Batasuna podría manejar la tensión política, forzando apariciones públicas de los buscados y poniendo en un brete a los responsables de Interior.

Los socialistas vascos evaluaron como crítica la situación y transmitieron sus temores al presidente del Gobierno. El pasado fin de semana, José Luis Rodríguez Zapatero decidió que el PSE tomara la iniciativa. De esta forma, Patxi López anunció el martes la intención de su partido de reunirse públicamente con Batasuna, después de reconocer al partido ilegalizado como «un interlocutor necesario». Esta declaración, realizada casi a medianoche y en pleno debate sobre el Estado de la Nación, sorprendió a toda la clase política, salvo a la izquierda abertzale.

Legalización

Batasuna aplaudió sin reservas las palabras de López. «Es un paso adelante», dijo el miércoles Arnaldo Otegi. Incluso, Joseba Álvarez llegó a decir que el encarcelamiento de los ocho mahaikides citados para ese mismo día y el jueves por el juez Grande-Marlaska no rompería el proceso. En realidad, los dirigentes abertzales viajaron a Madrid persuadidos de que saldrían libres del trance. La Fiscalía anunció horas después que no pediría prisión para los imputados, tesis que Marlaska mantuvo luego en su auto. La primera gran crisis del proceso estaba superada.

El anuncio de la intención del PSE de reunirse con Batasuna cayó como una bomba en el Congreso, que se preparaba para la segunda jornada del debate sobre el Estado de la Nación. Y, sobre todo, sorprendió a un Mariano Rajoy que se había desayunado con las duras críticas que el sector más duro de su partido le había dedicado por evitar la cuestión de ETA en su enfrentamiento con Zapatero. El presidente del Gobierno no había informado al líder de la oposición de la iniciativa de los socialistas vascos.

En el Congreso, Rodríguez Zapatero no sólo avaló a Patxi López, sino que dio un giro a sus posiciones al admitir la posibilidad de que sean simultáneos la negociación con ETA y el diálogo entre los partidos. Hasta este momento, el líder socialista siempre había mantenido la tesis de primero paz y luego política.

El PP consideró que el Gobierno había roto el Pacto Antiterrorista y retiró su apoyo a Zapatero. Además, los populares intentan mediante una moción que el Congreso debata el próximo martes sobre el final del terrorismo.

Fuentes socialistas sostienen que Batasuna, que ha convocado junto a otros 30 colectivos una manifestación en favor de la mesa multipartita para el 17 de junio en Pamplona, ha adquirido el compromiso de dar los pasos necesarios para su legalización. En ese sentido, el Gobierno, de acuerdo con las mismas fuentes, ha dejado muy claro que no tiene intención de derogar la Ley de Partidos. «Saben que ahora les toca a ellos mover ficha», aseguran desde el PSE.