El Gobierno ya ha solicitado de manera oficial a la Comisión Europea que ponga en marcha el procedimiento para decretar el posible cierre automático del caladero vizcaíno de la anchoa. Lo ha hecho tras constatar que los informes preliminares sobre su estado actual confirman la escasez de recursos, por debajo de los propios límites establecidos por Bruselas cuando lo reabrió en marzo pasado, tras nueve meses de veda. Así se lo ha comunicado tanto por escrito, a través de una carta remitida el viernes pasado, como de manera oral un día después, en una conversación telefónica entre la ministra Elena Espinosa y el responsable comunitario de Pesca, Joe Borg.

Según Espinosa, las autoridades de la UE «entienden perfectamente la demanda» de España, ya que son conscientes de las quejas repetidas por los pescadores del Cantábrico durante las últimas semanas. Ello, sin embargo, no parece que servirá para agilizar los trámites y la Comisión trabaja con la idea de que el cierre no llegue hasta julio, y siempre después de que sus técnicos ratifiquen las conclusiones de los estudios científicos. Éstos señalan que la biomasa del caladero está «muy por debajo» de las 28.000 toneladas establecidas como 'mínimo de supervivencia'.

Por otra parte, el PNV ha exigido al Gobierno que explique su responsabilidad en la apertura de la pesquería de la anchoa, al tiempo que ha anunciado que pedirá la dimisión de los responsables de la decisión.