La Comisión Europea ha sido informada por sus agentes en Indonesia de que la ayuda humanitaria canalizada por la comunidad internacional para paliar los efectos del terremoto del pasado día 27 de mayo en la isla de Java, es abundante, pero que lo que más proliferan en la zona estos días son grupos «de asistencia humanitaria», que esperan convertirse en intermediarios para encauzar esa ayuda hacia la población, con propósitos no necesariamente altruistas.

El problema estriba en que quienes donan esas ayudas no disponen de infraestructuras sobre el terreno para distribuirlas. Ni ellos, ni los países en los que viven, que suelen limitar su aportación al flete -costoso- de aviones, civiles o militares, para encaminar la ayuda hacia su destino.

La gestión en tierra de ese auxilio es harina de otro costal. Desplazar a personal propio -militares por ejemplo- cuesta un dineral, porque los requisitos homologados de funcionamiento de unidades de esas características requieren una infraestructura y una logística costosas, además de un compromiso político que, muchas veces, no es soportable ni por quien quiere prestar el servicio, ni por el anfitrión.

De modo que, al final, son las denominadas ONG, las Organizaciones No Gubernamentales, las que se ocupan de gestionar la solidaridad internacional, con la aquiescencia de las autoridades locales. ONG las hay de muchos tipos: con trayectorias solventes y sin ellas.

El problema estriba en que el control sobre las ONG no está homologado. La Comisión Europea, por supuesto, exige la satisfacción de determinados requisitos para librar sus ayudas, que no son precisamente poca cosa: 15,8 millones, el 24 de febrero para Zimbue; 2 para Mozambique, el 13 de marzo; 12 para Colombia, el 28 de ese mes; 118 para Aceh, tres días después; 1,5 para Angola, el 21 de abril, y 70 para Somalia, el 19 de mayo, sólo en lo que va de año.

Beneficio propio

No existe una idea clara de la eficacia de esas operaciones. Se sabe -o se barrunta- que partes a veces sustanciales de las ayudas que la comunidad internacional encamina hacia poblaciones que sufren las consecuencias de una climatología adversa, o el hambre de las guerras, son monopolizadas por grupos locales que las venden en el mercado negro, a beneficio propio.

Con las ONG puede pasar que el dinero se vaya en cometidos no del todo homologados. Ha pasado ya: en 1995, la Comisión metió el freno a todos sus proyectos de ayuda humanitaria, cuando se supo que estaba financiando un proyecto de recuperación de prostitutas en Viena. Hubo también escándalos en 1999, cuando una ONG cobró anticipos para intervenir en Congo belga y desapareció inmediatamente después, por no hablar de los rutilantes todoterrenos nuevos, a costo de 70.000 u 80.000 euros por unidad, que emplean algunas organizaciones en zonas de catástrofe.