Los niños del Carmel juegan en un parque sin nombre. Juan Carlos Beardo, vecino del barrio, tiene su propia idea: «Parque del tres por ciento», espeta, sentado en un banco del corazón de la 'zona amarilla', hoy un área de recreo infantil aún inacabada. A su lado revolotea su hijo Marc, de trece meses, que pasó sus primeros sesenta días de vida en un hotel porque su padre y su madre, entonces embarazada, tuvieron que salir «con lo puesto» de casa y no volvieron hasta cinco meses después. Bajo los pies de Juan Carlos y Marc duermen miles de toneladas de hormigón que los técnicos inyectaron en el socavón que hirió al barrio el 27 de enero de 2005, cuando un inmueble de una de las calles que cruzan la cuesta del mercado, el pasaje de Calafell, se hundió al ceder un túnel de cola de la línea 5 del metro barcelonés. Y la vida de los habitantes del Carmel, que se autodefinen con términos como 'trabajadores', 'emigrantes' o 'gente sencilla', se asemeja desde entonces a la orografía del terreno: empinada y cuesta arriba.

Casi todos los residentes de la 'zona amarilla' -denominación burocrática del perímetro más cercano al lugar donde se produjo el primer hundimiento y los posteriores derribos de tres bloques de viviendas, conocida como 'zona cero' por los vecinos- descargan su rabia contra la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y la clase política en general. Como Juan Carlos cuando recuerda la polémica que desató el president Maragall al acusar a los anteriores gobernantes de CiU de cobrar comisiones ilegales del 3% de las empresas constructoras. «Me lo creo, esto pasa aquí y en todas partes. Los españoles somos piratas», apostilla.

Aquello le costó al jefe del Govern una querella de la federación nacionalista, más tarde retirada, y una moción de censura del PP. Pero el escándalo, amplificado a toda España por la magnitud del desastre, pasó relativamente pronto y se apagaron los ecos mediáticos de las protestas vecinales en El Carmel. Hoy, casi un año y medio después, algo menos de un centenar de los 1.057 vecinos desalojados sigue sin poder regresar a sus casas y vive en diversos hoteles de la ciudad. El resto de afectados resulta un colectivo heterogéneo, unido sólo por las grietas que se abrieron en los muros que les rodeaban y por las indemizaciones por daños materiales y morales: algunos aceptaron vender sus viviendas a la Administración y empezar de nuevo lejos del barrio; otros, las cambiaron por pisos de protección oficial en distintas zonas de la ciudad y muchos volvieron al Carmel una vez que sus casas habían sido rehabilitadas y remozadas con cargo a las arcas públicas.

Juan Carlos es uno de ellos, y, aunque nunca pensó en marcharse del barrio -que hace décadas fue, ironías de la vida, un antiguo vertedero de materiales de derribo-, le ronda por la cabeza la misma preocupación que a muchos otros residentes en su misma situación: los papeles. «Uno no duerme tranquilo, porque aquí debajo hay miles de toneladas de cemento y nadie certifica que el suelo esté en condiciones». Los más críticos se quejan, de hecho, de que los geólogos no han proporcionado certificados de estabilidad del subsuelo con garantías suficientes sino «meros informes» de habitabilidad. Tienen miedo.

Olor a gas

María Puchol -«como el Jordi no, con ché»- también lo tiene. Ella es 'zona cero' en estado puro. Vivía con su marido, sus dos hijos treintañeros y una nieta en Pasaje de Calafell número 10, el primer inmueble que las autoridades ordenaron derribar, antes de percatarse de que el socavón se extendía por debajo del bloque y paralizar momentáneamente las demoliciones. Después la piqueta se llevaría por delante también los bloques 6 y 8 de Calafell y el 6 de Conca de Tremp. María, que regentaba dos tiendas de ropa y tapicerías en El Carmel, cuenta la historia con piloto automático. Se nota que la ha contado ya muchas veces. Comienza el 25 de enero, dos días antes del hundimiento, cuando ya «olía a gas» en la zona, según los vecinos, y cuando se produjeron también los primeros desalojos preventivos. «Llegué de trabajar y me encontré con muchos guardias y una cinta de plástico en la puerta de mi casa. Nos dijeron que teníamos que bajar lo más rápido posible, que sería cosa de un par de días. Así que nos fuimos a casa de mi hermana y cuando volvimos por allí el garaje ya se había hundido. Nos dijeron que el piso se salvaría pero no nos dejaron coger ni una muda. Jamás volví a entrar en mi casa».

Se retuerce las manos y hace una breve pausa antes de continuar. El sol cae a plomo en el parque de arena sin nombre -«popular», «de la amistad» o «del 27 de enero» son los nombres que barajan mentes menos irónicas que la de Juan Carlos-, es mediodía, y operarios inmigrantes remachan con clavos bancos nuevos y relucientes. Relata entonces María cómo los bomberos lograron rescatar la televisión, el equipo de música, un par de pantalones para su marido, un chaquetón para ella y poco más. Un pobre bagaje para empezar de cero. Todos los demás enseres y los recuerdos familiares - «de mis abuelos y de mi madre, que también nació aquí»- se quedaron a merced de la piqueta. María se queja de que Generalitat y Ayuntamiento «prometieron muchas cosas y sólo cumplieron la mitad». Por ejemplo, nada ha sabido del piso igual al suyo que, según dice, le aseguraron que harían edificar en un solar del Carmel. Le ofrecieron uno en la calle Llobregós -la larga cuesta que divide en dos el barrio- pero lo rechazó «porque nadie nos dio garantías de que estaba bien». Así que se ha quedado, probablemente para siempre, en el de protección oficial de la calle Garcilaso que le proporcionaron como 'piso puente'. Acepta con resignación su suerte porque «con 60 años no me voy a meter en un juicio». Duerme por las noches a base de pastillas, la conversación familiar se ha vuelto sospechosamente monotemética. Está «tocada», porque «siempre me quedará la duda de por qué hicieron las cosas sin control y escatimando dinero». «Me han echado de mi casa, de mi barrio. Nos han fallado».

Casi un año y medio después de la tragedia, El Carmel rebosa actividad y bullicio en hora punta, aunque bajo la superficie late la insatisfacción, la impresión acuciante de que las heridas -y no las del cemento- no están, en absoluto, cerradas. Han quedado atrás los días en que el barrio «parecía Bosnia», por los electrodomésticos, muebles, ropa y demás enseres que se veían «tirados por el suelo». Pero permanece una sensación de guerra de nervios soterrada, de los vecinos contra la Administración, de los vecinos contra otros vecinos, de los vecinos contra el mundo En voz baja, se habla de amenazas, coacciones, robos en las viviendas que se achacan a los operarios contratados para la rehabilitación de los edificios, vecinos que han dejado de hablarse «por envidias» a raíz de las indemnizaciones percibidas

Pisos en venta

Tomás García ha creado y preside la Asociación de Vecinos Damnificados que, según él, agrupa a unas 300 personas pero «representa a 15.000». Comparte la percepción catastrofista del barrio, que describe como una zona devaluada y decadente, poblada por personas «en stand-by», descolocadas por el suceso que trastocó sus vidas, y progresivamente despoblado, desmotivado y empobrecido. «No somos xenófobos pero esto va camino de convertirse en un segundo Raval», apunta. Los abundantes anuncios de pisos en venta y la experiencia personal de Juan Carlos -«compré mi piso por 36 millones hace cinco años y ahora me lo han tasado en 34»- parecen darle la razón. Para él, la verdadera imagen del barrio es la del inmueble de Calafell conocido como 'bloque del Banco Popular' al que, dice, «los vecinos no quieren volver» por falta de garantías. El edificio está apuntalado y los operarios han colocado toldos verdes, aún enrollados, en todas las terrazas, lo que le da un curioso aspecto.

Existen otras agrupaciones vecinales y entre ellas se acusan de cruzarse de brazos o de actuar por interés. José Montero -'Pepín' para los del barrio- regenta una tienda de juguetes en la esquina de Calafell con Llobregós y tiene una visión completamente diferente de la situación, a pesar de que se ha visto obligado a echar la persiana durante un año, desde el «fatídico» 27 de enero de 2005 hasta el 22 de enero de este año, un año en blanco, mano sobre mano y «sin beneficios». Él representa la otra cara de los afectados, los comerciantes, a quienes la Administración concedió ayudas calculadas en función de las dimensiones del local y, en algunos casos, de las cifras de ventas. Según él, en términos prácticos, el hundimiento «está superado». «A muchos le han dejado el piso como una bombonera y todavía se quejan», censura, convencido de que el desastre ha despertado también la codicia de algunos, que «explotan el victimismo para sacar rentabilidad».

En la tienda de Pepín, de tertulia, Marifé Fernández espera a los tasadores que van a visitar la casa de su padre, a la vuelta de la esquina. Justo enfrente del local donde estuvo su comercio de ropa infantil, que tuvo que abandonar cuando los mossos d'esquadra se presentaron en la puerta con una orden judicial. Su historia es la expresión de ese dicho popular que asegura que las desgracias nunca vienen solas. En apenas diez metros, otras tantas personas saludan y besan a Marifé. La conversación se interrumpe cada dos por tres.

-¿Cuándo abres tu tienda, bonita?

-A ver si en septiembre

«Cuando pasó todo esto acababa de morir mi madre. A mi padre se le juntó todo: la perdió a ella, tuvo que marcharse de la casa donde había vivido siempre Se vino abajo. Perdió el oremus. No me conocía, no sabía quién era. Tuvimos que ingresarle en un psiquiátrico. Poco a poco fue recuperándose y ahora está mejor, en una residencia, pero por nada del mundo quiere volver al barrio, ni siquiera para ver cómo ha quedado su casa. Tendremos que venderla. Me he pasado seis meses en el psicólogo, me separé Pero ahora estoy contenta otra vez».

En lo alto de los edificios del Carmel, a las puertas del verano, los renos tiran del trineo de Papa Noél en apagados neones. Cinco meses después, alguien ha olvidado retirar las luces de Navidad.