El fallido proyecto de remodelación de la antigua estación de autobuses de la calle Francia, el 'garbanzo negro' de la gestión del anterior alcalde, el peneuvista José Ángel Cuerda, aún colea y sigue costando dinero a la ciudad. Diez años después de que la quiebra de Autoestaciones Vitoria obligara a paralizar las obras para levantar en la zona un ambicioso complejo con una nueva terminal, un aparcamiento y comercios, el 'agujero' no está aún sellado. Tanto es así que el Ayuntamiento deberá pagar ahora 245.000 euros a otro damnificado por el frustrado plan. Esta cantidad se suma a las que se tuvieron que desembolsar cuando se produjo el fiasco urbanístico.

El Tribunal Supremo (TS) acaba de ratificar una sentencia de la Audiencia Provincial de Álava a favor de un empresario local que adquirió una lonja en el proyectado edificio. Rafael Arregui Jaso, quien ya poseía un negocio en activo en la vieja terminal, compró en 1994 a Autoestaciones Vitoria S.A., impulsora del plan y adjudicataria de las obras, una oficina en el futuro complejo, que nunca llegó a construirse.

Según el fallo del Alto Tribunal, al que ha tenido acceso EL CORREO, entregó entonces 51.000 euros a los promotores. A cambio, éstos se comprometieron a edificar un local y a entregárselo en régimen de concesión por cinco décadas, y a facilitarle entretanto un espacio en la estación provisional de Los Herrán. Dos años después de la firma de aquel contrato, los problemas económicos acuciaron a la empresa, que dejó la obra empantanada. La nueva terminal ya nunca vería la luz.

Un largo 'sangrado'

Tras un largo periodo de litigios entre el afectado y la promotora, el Supremo corrobora ahora el fallo de la Audiencia alavesa y estima que le deben devolver el dinero -actualizado e incrementado con los correspondientes intereses- que el empresario abonó por la oficina. Además, considera oportuno indemnizarle con 180.300 euros. Esta cantidad es inferior en unos 48.000 euros a la que pedía el demandante. En total, percibirá 245.000 euros, algo más de 40,7 millones de las extintas pesetas.

Desaparecida Autoestaciones Vitoria, el Consistorio deberá hacerse cargo de esta minuta, en calidad de responsable subsidiario. No será el primer desembolso que la ciudad efectúa para paliar las consecuencias del fiasco urbanístico y económico que supuso el plan. En 1998 las arcas municipales tuvieron que hacer frente al pago de 1,9 millones de euros para que 128 ciudadanos recuperaran lo invertido en plazas de aparcamiento y locales comerciales en el complejo proyectado. A esa cantidad se añadieron otros 324.000 euros en concepto de intereses, con lo que la suma se elevó a 2,2 millones de euros.

Con anterioridad, en concreto, en febrero de 1997, el pleno municipal autorizaba al equipo de gobierno de Cuerda a comprar la obra realizada hasta entonces. La factura alcanzó los 6,1 millones de euros. La Corporación, a través de la fórmula de endoso administrativo, se encargó entonces de restituir a los damnificados el dinero que habían entregado previamente a la empresa promotora.

A partir de ahí, la frase de «no costará un duro», pronunciada por el propio Cuerda en noviembre de 1994, durante la fiesta de presentación del proyecto, sirvió de continuo reproche por parte de de los partidos de la oposición. La sospecha, cada vez más extendida, de que durante el proceso se hubieran cometido irregularidades desembocó en una comisión municipal de investigación.

Un año y medio después, en septiembre de 1998, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas emitió un demoledor informe en el que daba cuenta de una decena de irregularidades y zanjó que el Ayuntamiento «no cumplió la legalidad».