El arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, declaró ayer ante el juez en relación a la querella presentada contra él por uno de sus sacerdotes, que le acusa de injurias, calumnias y coacciones en el contencioso que mantienen por la propiedad intelectual de un libro. El prelado aseguró que actuó dentro de la normativa de la Iglesia y nunca lo hizo con la intención de dañar al religioso.

La declaración ante el Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad duró nada menos que cuatro horas debido a un error de transcripción de unos documentos. Mientras se producía, un grupo de fieles se concentró a las puertas del edificio para rezar el rosario.

El pleito entre ambos, que curiosamente se llaman igual, arranca en diciembre, cuando el canónigo pidió al arzobispo que se retractara de las acusaciones realizadas en una carta sobre una supuesta apropiación indebida de los derechos de propiedad intelectual de un libro sobre la catedral encargado por el anterior arzobispo, Antonio Cañizares, cuya publicación paralizó el demandado hace un año.

Medidas disciplinares

El libro fue encargado por el anterior arzobispo a 35 profesores de siete universidades españolas y una francesa. Tras la paralización de la obra, los autores presentaron una demanda civil por incumplimiento de contrato contra el arzobispo. La denuncia fue retirada la pasada semana tras llegar las partes a un acuerdo que incluye llevar a cabo dicha obra. Sin embargo, el arzobispo inhabilitó al clérigo para ejercer sus funciones sacerdotales, lo destituyó como canónigo y lo retiró de su acceso a la cátedra de Teología.

El Arzobispado dijo ayer en un comunicado que Francisco Javier Martínez declaró que su actuación ha estado «siempre dentro del gobierno interno de la Iglesia» y que ha actuado según la normativa de la misma y en el libre ejercicio de su ministerio. El arzobispo se negó a responder a las preguntas de la acusación y dijo que la suspensión al sacerdote de sus funciones se debe a otras actuaciones previas del querellante que le «obligaban a tomar medidas para preservar la libertad o los derechos de la Iglesia». En este sentido, recordó que «jamás ha dado publicidad alguna a las medidas disciplinares que le ha sido preciso tomar, que hubiera sido más cómodo no tomar y que también hubiera deseado no tener que tomar».

La remoción en el oficio de canónigo está vinculada, según la nota, a la «negativa del querellante» a entregar al arzobispo y al Cabildo -con el fin de que pudieran disponer de forma adecuada sobre su publicación- un libro de la catedral en sus «aspectos teológicos y pastorales» que le había sido encargado en el año 2000. El sacerdote interpuso la querella después de haber apelado a la Santa Sede, quien le impuso unas condiciones que «nunca cumplió». Por eso, dice el Arzobispado, abandonó ese ámbito jurisdiccional y se dirigió a los tribunales civiles.