El Tribunal Supremo rectificó ayer una de sus líneas de jurisprudencia y acordó que los tribunales españoles son competentes para perseguir cualquier delito de genocidio o contra la humanidad en cualquier lugar del mundo, aunque no haya ni víctimas ni verdugos de nacionalidad española, tal y como resolvió el Tribunal Constitucional en 2005.

Asumida la nueva doctrina, el pleno de la Sala de lo Penal del Supremo, por mayoría de sus miembros, estimó el recurso interpuesto por el movimiento religioso Falun Gong contra la Audiencia Nacional, que archivó la querella contra miembros del Gobierno chino y altos cargos del partido comunista, a los que acusa de «exterminar» entre 1999 y 2002 a miles de sus adeptos.

La sala acordó ayer ordenar al tribunal central que admita a trámite la querella e investigue la denuncia. El caso Falun Gong se sumará así a la lista de genocidios que ya instruye la Audiencia Nacional, como el de Guatemala, los de las dictaduras argentina y chilena y el atribuido en el Tibet a las autoridades chinas.