La Diputación alavesa ha vuelto a recurrir a la Comisión Arbitral -órgano que dirime los conflictos de competencias entre el Gobierno vasco y las instituciones forales- por considerar que el proyecto de ley de bibliotecas que lidera el Gabinete Ibarretxe legisla sobre materias que no le corresponden. En concreto, Álava no está dispuesta a que las nuevas normativas regulen la asistencia técnica y financiera a las bibliotecas públicas municipales, una tarea que corresponde a las diputaciones, según explicó ayer el director de la Secretaría Técnica foral, Luis Viana.

Esta denuncia obligará a paralizar la tramitación de la futura ley tres o cuatro meses, hasta que la Comisión Arbitral decida. Viana confía en que el órgano dé la razón Álava, al igual que lo hizo con la Ley de Ordenación Vitivinícola.

En el fondo, con estas llamadas de atención el Gabinete Rabanera pretende poner de manifiesto que el Gobierno vasco modifica «constantemente» la Ley de Territorios Históricos de 1983, la que marca las competencias que corresponden a cada institución vasca, a través de leyes sectoriales. «Se produce un defecto de legalidad», indicó Viana.