La afirmación de que el aeropuerto español de Palma de Mallorca formaba parte de la 'telaraña' tejida por la CIA para facilitar las transferencias ilegales de presuntos terroristas, realizada ayer en París por el parlamentario suizo Dick Marty, encargado de elaborar el informe sobre los vuelos de los servicios secretos norteamericanos a través de territorio europeo, supone un duro reproche para el Gobierno de Madrid. Aunque el presidente de la delegación española en el Consejo de Europa se apresurase a decir que en el documento no se señala ninguna responsabilidad jurídica, el caso es que -según la investigación- España aparece como uno de los catorce Estados europeos que ampararon estos vuelos con personas sospechosas de actividades terroristas que habían sido secuestradas y trasladadas después a terceros países. El informe no ofrece pruebas concluyentes que pudieran ser utilizadas en causas penales, pero sí es el fruto de una investigación que ha sido llevada a cabo de forma independiente y con sólidos fundamentos.

Es precisamente el respeto a los derechos humanos lo que hace a los países democráticos superiores moralmente a los que pretenden imponer su intransigente concepción del mundo; pero si en la defensa de las libertades fundamentales se apartan esos derechos para 'facilitar' la tarea, se corre el riesgo de perder toda legitimidad en esa lucha. Cada vez que se conocen posibles operaciones de este tipo, ligadas a prácticas ilegales, o alegales, como Guantánamo, Abu Ghraib o ahora estos vuelos, se pierde la mejor herramienta que tiene cualquier democracia frente al terrorismo, que no es otra que la que otorga la esencia misma del Estado de Derecho. Por ello no es admisible que en un caso tan preocupante el actual Ejecutivo alegue en su defensa buena fe o ignorancia sobre lo que ocurría. El Gobierno de Rodríguez Zapatero, como el resto de los implicados, tiene la obligación de esclarecer la verdad sobre lo sucedido.