Iberdrola ha decidido pasar a la acción y ha declarado la 'guerra' al Ministerio de Industria por la, a su juicio, incertidumbre regulatoria existente y la insostenible situación que vive el mercado mayorista. Desde el jueves, la eléctrica ha decidido no comprar energía en el 'pool' --la 'bolsa' en la que las centrales venden su energía y en la que se casan las oferta de compra y venta de electricidad- por encima de los 33 euros por megawatio/hora (MW/h), 42,3 euros si se incluyen todos los costes; una cantidad muy inferior a los precios pagados recientemente: entre 50 y 70 euros.

Esa actuación provocó que en los dos últimos días sólo se pudiera casar el 70% de las operaciones -en concreto, ayer 448 gigawatios/hora, frente a los 634 previstos- y que los precios de la energía se derrumbaran para situarse en torno de los 30 euros.

No obstante, ese hecho no tuvo ningún efecto para los usuarios -sólo afectó a los precios mayoristas- ni puso en riesgo en ningún momento el suministro de eléctrico. Para ello, Red Eléctrica puso en marcha los mecanismos de ajuste necesarios para mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda; es decir, para evitar apagones.

Polémico decreto

El origen del Iberdrola se encuentra en el decreto aprobado el pasado febrero por el Gobierno, que fija de forma provisional el precio de venta de electricidad al 'pool'. En concreto, en 42,35 euros por MW/h. Esa cifra es considerada «irreal» por Iberdrola ya que, a su juicio, no cubre siquiera los gastos de generación de electricidad. Durante las últimas semanas, en el mercado mayorista se ha situado entre los 50 y los 70 euros. Fuentes de la compañía explicaron ayer que no puede seguir operando «a perdidas y dilapidando el patrimonio de la empresa».

Al respecto, los mismos medios añadieron que si se mantuvieran «las significativas pérdidas» generadas por el citado decreto, «se podría provocar un parón en las inversiones en las necesarias infraestructuras energéticas, que afectarían a la postre a la prestación de un servicio imprescindible para cualquier sociedad».

Para evitar esa situación, y en lo que constituye un claro desafío al Ministerio de Industria, ha decidido no comprar electricidad en el 'pool' por encima del precio de venta hasta que el Gobierno no modifique el decreto. Fuentes de Iberdrola señalaron que esa actuación «se ajusta al marco legal vigente», «no ha alterado el precio real de la energía en el mercado de producción» y ha sido adoptada «en defensa del servicio eléctrico».

Esta coyuntura ha provocado que el Ministerio de Industria solicitara el jueves a la Comisión Nacional de la Energía que inicie una investigación para clarificar la situación vivida y delimitar sus posible consecuencias. Una vez que el Gobierno tenga en su poder el expediente informativo, estudiará si adopta algún tipo de medida al respecto.