El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) estima que existen indicios de que el lehendakari, Juan José Ibarretxe, actuó como «cooperador necesario» de los delitos de desobediencia y quebrantamiento de medidas cautelares supuestamente cometidos por los dirigentes de Batasuna Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Juan Joxe Petrikorena, al reunirse con ellos en Lehendakaritza el pasado 19 de abril.

El Alto Tribunal vasco ha emitido esta semana un auto -conocido ayer- por el que admite a trámite la querella criminal interpuesta por el Foro Ermua contra Ibarretxe y los tres mahaikides por haber desobedecido la sentencia de ilegalización de la formación abertzale y haber roto las medidas cautelares impuestas por la Audiencia Nacional, que suspendió las actividades de Batasuna. Es la primera vez que un tribunal admite una querella contra un presidente del Gobierno vasco.

El lehendakari dispone ahora de cinco días para presentar un recurso de súplica con el que podría eludir su declaración. También cabe la posibiliad de que, en virtud de su cargo, Ibarretxe pueda acogerse a declarar por escrito.

La decisión fue adoptada por tres de los cuatro miembros de la Sala Civil y Penal y tan sólo discrepó la magistrada Nekane Bolado, para quien no se debe abrir procedimiento penal contra Juan José Ibarretxe porque el hecho de que Batasuna sea «ilegal no convierte en ilícita» la conducta de quien se reúne con esta formación. Además, entiende que el encuentro de Lehendakaritza se produjo en el contexto del «proceso de paz».

En su resolución judicial, el tribunal recuerda que la portavoz del Gobierno, Miren Azkarate, anunció el 28 de marzo que Ibarretxe, como lehendakari, mantendría una ronda de contactos con todos los partidos, incluida la ilegalizada Batasuna, aunque no precisó la fecha. De hecho, no se invitó a estas reuniones a EHAK, al considerar que con la presencia de la formación de Otegi ya estaba asegurada la representación de esta «sensibilidad política». El PP del País Vasco declinó participar en los encuentros por haberse incluido en ellos a Batasuna.

El TSJPV apunta que el 12 de abril Otegi anunció que la reunión entre Batasuna y el máximo representante del Gobierno vasco se celebraría el 19 de abril y que, tras conocer la noticia, el Foro Ermua emplazó a Juan José Ibarretxe a que «colaborara en el cumplimiento de las resoluciones judiciales e impidiera la comisión de delitos» porque la formación abertzale estaba «ilegalizada por el Tribunal Supremo por ser un instrumento de ETA». La Sala señala que, «a pesar del requerimiento expreso», el lehendakari se reunió con los dirigentes de Batasuna y que éstos fueron en nombre del partido ilegal «y no en el suyo propio, como personas físicas».

En este sentido, indica que, en el pleno del Parlamento vasco del 27 de abril y ante las interpelaciones del PP, Ibarretxe precisó que la convocatoria a Batasuna no era «para desafiar a nadie», sino porque este partido, «al igual» que el Partido Popular, «forma parte de la solución».

Tras recoger que debe admitirse la querella contra Otegi, Barrena y Petrikorena por posibles delitos de desobediencia y quebrantamiento de medidas cautelares, señala que hay indicios de que el presidente del Ejecutivo vasco fue «cooperador necesario» porque no se hubieran podido cometer los hechos presuntamente delictivos sin su «consentimiento y concurso».

En este contexto, manifiesta que Juan José Ibarretxe tenía conocimiento de «la disolución de Batasuna por razón de ilegalización» y de que sus actividades habían sido suspendidas. Por ello, afirma que los hechos, «en términos indiciarios», son «aparentemente» constitutivos de los delitos de desobediencia y quebrantamiento de medidas cautelares, por lo que ordena poner en marcha el procedimiento penal destinado a realizar las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos.

Voto particular

El voto particular de la magistrada Nekane Bolado, en el que discrepa de que se tramite la querella, apunta que «el que Batasuna sea ilegal no convierte en ilegal, ni por supuesto en ilícita y delictiva, la conducta de aquel sujeto que se limita a la mera asistencia a reuniones o al trato con personas que, habiendo pertenecido al partido ilegalizado, siguen representando un planteamiento político». En su opinión, estos encuentros o tomas de contacto son «encuadrables dentro de una mecánica política».

La magistrada cree que tampoco se deduce «un ánimo común en los querellados en reivindicación alguna o en manifestación de ideas que guiara su actuación», y recuerda que la pretensión de Ibarretxe era analizar «personalmente» con los representantes de todos los partidos vascos «el nuevo contexto político abierto tras la declaración del alto el fuego por parte de ETA y trasladarlo al presidente del Gobierno español».

El Foro Ermua destacó ayer que ha pedido por escrito al presidente José Luis Rodríguez Zapatero y al secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, que anulen cualquier reunión con la formación abertzale ilegalizada. A través de una nota de prensa, este colectivo advirtió de que «ni el señor Ibarretxe, ni ningún otro dirigente político pueden obviar lo dispuesto por el poder judicial y por la ley».