La decisión del TSJPV de admitir a trámite la querella contra Juan José Ibarretxe, Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Juan Joxe Petrikorena por supuestos delitos de desobediencia y quebrantamiento de medida cautelar suscitó ayer múltiples reacciones por parte de la clase política. Sobresalieron las de las formaciones a las que pertenecen los imputados. El portavoz del PNV, Íñigo Urkullu, afirmó que la resolución está «totalmente alejada de la realidad social» y la calificó de «sorprendente, desproporcionada y alejada de los anhelos de los ciudadanos vascos».

A su juicio, es un «sinsentido abogar por un nuevo tiempo político basado en un nuevo contexto social, reconocer que la justicia tiene que superar decisiones anteriores y, sin embargo, persistir en estrategias del pasado, dejando que leyes desfasadas provoquen situaciones aberrantes».

El dirigente peneuvista señaló que este estado de cosas «deriva del Pacto Antiterrorista y de la Ley de Partidos, sobre las que se amparan determinadas actuaciones judiciales que interfieren en un proceso de paz y de normalización política». Por ello, exigió al presidente Rodríguez Zapatero y al PSOE «un paso decidido en relación» a estos dos instrumentos legales.

Al hilo de la decisión judicial, fuentes autorizadas de la Presidencia del Gobierno vasco apuntaron que «no van a renunciar al diálogo y al encuentro para construir, entre todos, la paz y la normalización política».

En el mismo sentido que el PNV, pero de forma más contundente, se pronunció Batasuna, que, tras subrayar la «gravedad» de la medida, reclamó directamente la «derogación inmediata» de la Ley de Partidos.

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, emplazó en Vitoria a que decisiones como la del TSJPV «no despisten» de «lo realmente importante», que es aprovechar la oportunidad histórica «para poner punto y final a la violencia terrorista». Además, defendió la independencia del TSJPV y consideró que el Gobierno no debe dejarse «perturbar» para lograr el éxito del proceso de paz.

Respecto a si esta resolución puede tener alguna consecuencia en la anunciada reunión del PSE con Batasuna, rechazó «extraer consecuencias políticas de resoluciones judiciales». Asimismo, alertó de que «la admisión a trámite no anticipa ninguna conclusión sobre el asunto de fondo».

«Motivos paralelos»

El PP, por su parte, vio en la decisión del TSJPV una «oportunidad estupenda» para que el Gobierno y los socialistas cambien de opinión y renuncien a reunirse con el partido ilegal. Fuentes populares advirtieron de que una posible entrevista del secretario general del PSE, Patxi López, con Batasuna supondría la comisión del mismo delito que se pueda imputar al lehendakari. «Son motivos paralelos», argumentaron. El portavoz del PP vasco, Leopoldo Barreda, manifestó que «con o sin querella» no procede el encuentro que tienen previsto mantener el PSE y representantes de la izquierda abertzale, porque supone «menoscabar el Estado de Derecho».