La asociación progresista Jueces para la Democracia (JpD) aprobó ayer un documento en el que reclama a la judicatura que «interprete las leyes de forma muy atenta a la realidad», y de tal manera que «contribuya a la superación de la fractura social». El texto está incluido en un escrito en el que también piden «responsabilidad y coraje» al Parlamento para poder avanzar en el proceso de paz.

El manifiesto se presentó en la clausura del congreso que el colectivo ha celebrado durante dos días en Vitoria, bajo el lema 'Justicia, diálogo y paz'. En ese tiempo, los magistrados han discutido sobre el papel que la Justicia debe tener en el proceso abierto tras el alto el fuego de ETA. El debate fue polémico. Los jueces contaban con un primer borrador en el que se afirma que no deben ser «un obstáculo» para alcanzar la paz «con éxito, mediante la disolución de ETA como banda armada».

Al documento se incorporó posteriormente una propuesta de declaración presentada, entre otros, por la magistrada y ex secretaria de Estado de Seguridad del último Gobierno de Felipe González, Margarita Robles, -quien también protagonizó un intento de negociación con ETA durante su mandato-. Este escrito se unió a la declaración final con el rechazo de alrededor del 30% de los representantes, ya que tuvo 90 votos a favor, 35 en contra y 5 abstenciones.

El pronunciamiento comienza con la constatación de que «el cese de la violencia terrorista» abre «perspectivas inéditas y debe generar esperanzas». Según JpD, ese paso «tiene que prolongarse con otros». En ese contexto, reclama al Parlamento y al Gobierno que actúen «con responsabilidad y coraje en el marco de posibilidades que brinda el ordenamiento democrático».

«Convivencia»

El documento también analiza el papel que deben desempeñar los jueces en esa nueva situación, y apuesta por ajustar la aplicación de las normas de una manera que favorezca el proceso abierto. La propuesta recuerda, en este sentido, que los magistrados «están sujetos al imperio de la ley», pero matizan que «todo texto legal ofrece márgenes inevitables a la interpretación».

Para la asociación progresista, el proceso de paz requiere de los responsables de los tribunales «un ejercicio consciente y motivado de su función, que, tutelando los derechos fundamentales de todos y, muy atento a la realidad, contribuya a la superación de la fractura social».

El escrito concluye con un «apoyo decidido» a «todas las iniciativas constitucionalmente válidas encaminadas a conseguir la necesaria calidad de vida civil y de convivencia democrática».

El magistrado del Supremo José Luis Gilolmo presentó, por su parte, un texto en el que afirma que no es necesario «ningún pronunciamiento público de JpD» sobre el proceso, y en cambio sí es preciso exigir a ETA «un cese indefinido, irreversible y sin contrapartida política alguna». «Cualquier compensación legitimaría el terror y la extorsión mafiosa como modo de actuación política», advierte.