El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, comparecerá ante el Parlamento europeo para defender la inocencia de España en el caso de los aviones fletados por la CIA para trasladar a detenidos sospechosos de terrorismo hasta centros secretos de detención donde interrogarlos sin ningún control legal. El Gobierno anunció las inminentes explicaciones del jefe de la diplomacia dos días después de que se conociera el informe del Consejo de Europa que vincula a catorce países, entre ellos España, con estas prácticas ilegales.

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció tras la reunión del Consejo de Ministros que Moratinos ha solicitado comparecer de manera «inmediata y urgente» ante la Cámara de Estrasburgo para defender «la reputación» de España frente a las acusaciones del redactor del informe, el jurista suizo Dick Marty. Además, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, y el director del CNI, Alberto Sáiz, acudirán al Congreso, donde rechazarán también cualquier complicidad de las autoridades españolas con el espionaje estadounidense.

El dictamen provisional del Consejo de Europa acusa a España de haber permitido a la CIA utilizar el aeropuerto de Palma de Mallorca como «lugar de relevo» o «plataforma», desde donde iniciar operaciones ilegales de secuestro y traslado de personas. Según el informe, el aeródromo sirvió a la CIA para preparar los aviones, reunir a las tripulaciones y como lugar de descanso al término de las misiones. «Las autoridades de varios países europeos participaron activamente en las actividades ilegales de la CIA. Otros países no han intervenido activamente, pero han preferido ignorar lo que ocurría en su territorio», destaca el trabajo.

La 'número dos' del Gobierno y el ministro de Exteriores rechazaron ayer esas acusaciones de forma tajante. «Que nadie tenga ninguna duda -pidió Fernández de la Vega- de que este Gobierno ni ha tolerado ni tolera ni tolerará nunca vulneración alguna de los derechos humanos se produzca donde se produzca». El titular de Exteriores recalcó que el Ejecutivo «no tuvo información» previa de cuanto pudo suceder en Mallorca. «No tenemos nada que ocultar, no hay ninguna evidencia de que haya habido ningún acto ilegal en territorio español», subrayó Moratinos.

Informe no definitivo

Los dos ministros hicieron hincapié en que el informe no es definitivo; de momento sólo es un proyecto del Comité de Asuntos Jurídicos, que será elevado el 27 de junio a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que deberá decidir si lo hace suyo o lo rechaza. De La Vega precisó que aún no existe ninguna acusación de este organismo contra España, sólo un borrador «redactado por una persona». «No admitamos como válido -dijo- lo que no ha sido validado».

El ministro de Exteriores explicó que su petición de comparecer en Bruselas obedece a la decisión del Gobierno de «mantener su compromiso de plena transparencia» y «plena colaboración» con los organismos que investigan este caso. «Informaré de lo que ya informé en el Congreso», señaló en referencia a su comparecencia de noviembre, en la que dijo que ninguno de los vuelos que pasaron por España transportó presos ni vulneró la ley.

El Gobierno recordó que existe una investigación abierta en la Audiencia Nacional sobre estos hechos, aunque puntualizó que, sea cual sea su resultado, el Ejecutivo no se siente en absoluto implicado.