La anunciada reforma fiscal marcha a ritmo pausado en el País Vasco. Según fuentes próximas al proceso, los nuevos textos que regularán el Impuesto de Sociedades y el IRPF no verán la luz antes del último trimestre del año. Llegarán, eso sí, a tiempo de entrar en vigor el próximo 1 de enero.

Los diputados de Hacienda de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa se reunirán hoy con el viceconsejero del Gobierno vasco Juan Miguel Bilbao en un intento de acercar posturas sobre ambos tributos. No se esperan resoluciones definitivas porque, además, los responsables del 'fisco' tienen una notable acumulación de temas pendientes, la mayor parte de los cuales van a ser trasladados a la recta final del ejercicio.

Entre ellos figura la negociación de una nueva ley quinquenal del Cupo con la Administración central, así como la resolución de dos problemas 'domésticos' de los que levantan ampollas: el reparto definitivo de los ingresos procedentes de los impuestos especiales y la nueva Ley de Aportaciones, en la que se debe determinar si las diputaciones entregan más o menos al Ejecutivo vasco para afrontar sus gastos, y también qué esfuerzo económico debe hacer cada uno de los territorios para financiar ese presupuesto.

Aunque antes de abordar la reforma fiscal, que entrará en vigor en 2007, la lógica indica que debería zanjarse el conflicto por el Impuesto de Sociedades de 2006 -suspendido por un reciente auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco-, todos los indicios apuntan a que el orden de publicación de las normas va a ser inverso. Las diputaciones parecen inclinarse por repetir la jugada de 'ingeniería jurídica' que ya aplicaron a finales del pasado año. Así, el tipo de gravamen que se aplicará este ejercicio a los beneficios de las empresas -el que ha sido anulado era del 32,6%, frente al 35% vigente en el resto de España- vería la luz en una norma de última hora, que se publicaría en torno al 30 de diciembre. De esa forma, sin tiempo material para el recurso, las instituciones quieren garantizar que el último día del año exista un tipo en vigor para evitar que las compañías de Euskadi sufran las consecuencias de la batalla judicial que rodea a este tributo.

Pocos cambios

Tanto en el Impuesto de Sociedades como en el IRPF, las haciendas vascas van a vigilar con detalle lo que suceda en la tramitación de la reforma fiscal de la Administración central. El proyecto de ley que contiene los cambios de ambos tributos será votado la próxima semana en el Congreso y remitido con posterioridad al Senado, que no iniciará hasta septiembre su tramitación. Con ello, la aprobación definitiva, ya de vuelta a la Cámara Baja, no se producirá hasta octubre o noviembre.

En el País Vasco no se esperan grandes novedades en relación con el IRPF, ya que se da como seguro que se copiará del Estado la tributación del ahorro -unificado ahora bajo el tipo único del 18%-, se mejorará la tributación de las rentas más bajas y del trabajo; se mantendrá, aunque quizá con retoques, la deducción por la compra de vivienda y se abordará una ligera reducción del tipo máximo, situado actualmente en el 48%. En el resto de España quedará en el 43% cuando entre en vigor la nueva ley.

En el Impuesto de Sociedades, sin embargo, como consecuencia de los numerosos recursos judiciales, las diputaciones deberán adoptar una decisión clave en torno al tipo de gravamen, que el Gobierno central se rebajará en cinco puntos en el plazo de dos años. Fuentes de la Administración foral apuntaron ayer que, en principio, no hay razones que justifiquen una reducción dilatada en el tiempo de este gravamen ya que, según aseguraron, el impacto real sobre la recaudación será mínimo. La rebaja en la recaudación de Sociedades, añadieron, generará de forma automática un incremento de la actividad económica, el consumo, etc.