El PNV y los socialistas vascos, los dos grupos mayoritarios en el Parlamento de Vitoria, mantienen inalterable su decisión de reunirse con Batasuna pese a la amenaza de actuaciones judiciales que empieza a pender sobre aquellos que se entrevisten con la formación ilegalizada. Tanto los peneuvistas como el PSE han optado por hacer frente a las posibles acciones en su contra reafirmándose en su voluntad de mantener contactos con Arnaldo Otegi y los suyos. Ambos partidos parten de dos situaciones distintas: los jeltzales, contrarios a la ley que amparó la proscripción de Batasuna, han reconocido que llevan 20 meses dialogando privadamente con dirigentes abertzales; los socialistas, por su parte, se disponen a celebrar su primer encuentro con luz y taquígrafos con los independentistas para intentar favorecer el proceso de paz.

La hipótesis de que reunirse con un grupo que aún es ilegal pueda acarrear consecuencias judiciales para sus interlocutores comenzó a cobrar forma el viernes. Ese día, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco informó de que había admitido a trámite la querella presentada por el Foro Ermua contra el lehendakari y los tres responsables de Batasuna -Otegi, Pernando Barrena y Juan Joxe Petrikorena- que despacharon con él en la sede de la Presidencia el pasado 19 de abril. Nunca hasta ahora se había aceptado una denuncia así contra un jefe de Gobierno vasco; Ibarretxe podría tener que declarar por presunta desobediencia y como «colaborador necesario» en un delito de quebrantamiento de la orden por la que Batasuna tiene suspendidas sus actividades.

Nada más notificarse el auto, contra el que cabe interponer en cinco días recurso de súplica, el PNV salió en amparo de Ibarretxe, con el recuerdo aún fresco del procesamiento y posterior absolución del ex presidente del Parlamento, Juan María Atutxa, por negarse a disolver el grupo, hoy extinto, de Sozialista Abertzaleak. El sábado, Imaz pidió a los jueces que no hagan «el ridículo» pero fue un paso más allá de la mera crítica al auto del Tribunal Superior: el líder del EBB constató que se ha reunido al menos «diez veces» con la formación ilegalizada, aseguró que era plenamente consciente de con quién se entrevistaba y se reafirmó en su disposición de seguir haciéndolo en breve. Sus palabras venían a constituir un intento de autoinculpación, en un gesto de arropamiento hacia el lehendakari.

«Deliberadamente»

El resultado inmediato de esa declaración fue una nueva denuncia interpuesta, esta vez, por el colectivo España y Libertad siguiendo la estela de la querella de Foro Ermua. Los demandantes se apoyan en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para instar a actuar a la Fiscalía del Tribunal Superior, que debe resolver si admite la iniciativa o la archiva. Según rezan los dos folios de la denuncia, Imaz «ha desobedecido consciente y deliberadamente una resolución judicial» -la suspensión de actividades durante dos años más dictada en enero por el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska- y «ha actuado como cooperador necesario» para que los dirigentes de Batasuna quebranten esa orden». España y Libertad pide que Imaz declare como imputado.

El aviso a navegantes que constituyen la querella del Foro Ermua y la iniciativa formalizada ayer no han llevado al PNV y al PSE a desistir de sus intenciones, más bien al contrario. Los peneuvistas no sólo mantienen la convicción de que es preciso seguir reuniéndose con Batasuna para poder avanzar en la paz y la normalización, sino que parecen dispuestos a responsabilizarse en bloque por las acusaciones contra Ibarretxe e Imaz. Así lo dejó entrever en la radio pública vasca Íñigo Urkullu, quien evidenció que el presidente jeltzale «representa a todo el PNV» y auguró que, en consecuencia, se deberán «autoinculpar» todos los miembros del partido.

Tras ironizar con que afloran «como setas» plataformas para «atacar todo lo que huela a nacionalismo», Urkullu confirmó que su grupo continuará «hablando con todas las sensibilidades políticas» de Euskadi y confió en que las acciones judiciales no repercutan en la decisión del PSE de entrevistarse con Batasuna. Patxi López dejó claro que no cree cometer «ninguna ilegalidad» por citarse con quienes representan «a una parte de la sociedad»; más aun: que es «bueno» posibilitar que aquellos que están «alrededor de la violencia den pasos para hacer política» desde la legalidad.

López dijo respetar la decisión del Tribunal Superior como todas, «nos gusten menos o más». Pero sí envió un nítido mensaje al presidente del Foro Ermua, Mikel Buesa, al preguntarle si su hermano Fernando llevaría a Zapatero o a él mismo ante los tribunales.