Los servicios jurídicos del Gobierno vasco trabajan desde el pasado viernes, cuando recibieron el auto dictado por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior, en la admisión de la querella presentada por el Foro Ermua contra el lehendakari. En principio, los abogados gubernamentales tienen ante sí dos opciones en el plazo inmediato de cinco días que ya ha empezado a correr: si interponen o no ante los magistrados un recurso de súplica para intentar que den marcha atrás en su decisión. La apelación está en el aire y podría ocurrir que, finalmente, no se formalizara, según señalaron a este periódico fuentes de la Presidencia.

Al parecer, el equipo jurídico del Ejecutivo mantenía ayer a media tarde todas las posibilidades abiertas, aunque uno de los argumentos que pesan en contra de la impugnación de la querella es la elevada dificultad de que el recurso acabe prosperando. La renuncia a apelar suprimiría pasos intermedios y abocaría al lehendakari, muy probablemente, a prestar declaración ante el Tribunal por presunta actuación delictiva al recibir a Batasuna hace casi dos meses.

Ibarretxe, que conoció de primera mano la resolución de los magistrados, podría acogerse a la prerrogativa de testificar por escrito. A la espera de acontecimientos, lo que es seguro es que el presidente vasco declarará. Hoy se reunirá por primera vez con los consejeros de su Gobierno tras la admisión de la querella y el asunto estará encima de la mesa; previsiblemente también lo estuvo ayer en la habitual cita de los lunes de la ejecutiva del PNV. Es posible que el Ejecutivo se pronuncie públicamente, aunque esa iniciativa tampoco estaba cerrada en las últimas horas.