El Partido Socialista de Euskadi y el Círculo de Empresarios Vascos se desmarcaron ayer, aunque con argumentos no coincidentes, de la posibilidad de realizar una consulta al Tribunal de la UE sobre la legalidad del Impuesto de Sociedades y su acomodación al Derecho comunitario. Esa iniciativa, que cuenta con el respaldo de las diputaciones forales y de la patronal Confebask, ha sido planteada por el Tribunal Superior de Justicia en un intento de resolver la maraña jurídica en la que se ha visto envuelto el tributo que grava los beneficios de las empresas. La vicelehendakari y consejera de Hacienda, Idoia Zenarruzabeitia, se mostró también de acuerdo en solicitar la opinión de la Corte de Luxemburgo. Esa opción es «una puerta a la esperanza», pero «no está exenta de riesgos», advirtió.

El secretario general del PSE de Álava, Txarli Prieto, descalificó con dureza esa eventual medida. «Ir para preguntar una tontería no es propio de gente inteligente», proclamó. El Tribunal Superior ha sugerido la consulta para que sean las autoridades judiciales comunitarias quienes establezcan si, en su opinión y de acuerdo a la normativa de la UE, el Impuesto de Sociedades vasco puede calificarse como «una ayuda de Estado». El Supremo determinó a principios de 2005 que lo era la diferencia entre el gravamen existente en el País Vasco y en el resto de España -el 32,5%, frente al 35%-, por lo que declaró ilegal el tipo existente en Euskadi.

El dirigente socialista criticó a las diputaciones forales, que «van ahora a Luxemburgo a pedir 'sopitas' y a que les asesoren, a pesar de que ellas no han cumplido la sentencia del Tribunal de la UE en relación con las 'vacaciones fiscales' y no han conseguido la devolución de las ayudas que obtuvieron las empresas» a través de esa fórmula, anulada por la Comisión Europea.

El Círculo de Empresarios Vascos también marcó distancias con esta consulta al apuntar que sería preferible un «acuerdo político interno que recoja y salvaguarde la singularidad y el uso normativo del Concierto». Un representante de la entidad, que agrupa a directivos de las principales empresas de Euskadi, subrayó que las «instituciones comunitarias no se han distinguido en los últimos años por ser especialmente sensibles con las especificidades locales en algunos estados miembros».

Pese a todo, calificó como «positivo» el hecho de que las administraciones tributarias y la patronal se hayan puesto de acuerdo en aceptar como válida una iniciativa surgida del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Riesgos

Por su parte, la vicelehendakari también mostró ayer su disposición a apoyar una consulta ante la Corte de Luxemburgo, aunque llamó la atención sobre los riesgos que tiene una operación de este tipo, que en el pasado ya habían aconsejado evitarlas a las instituciones vascas. Idoia Zenarruzabeitia se refirió a la propuesta de los magistrados como «un riesgo, pero también una esperanza». A diferencia de lo que opina el Círculo de Empresarios sobre la actitud de las autoridades comunitarias respecto al Concierto Económico, el Gobierno vasco ha valorado de forma muy positiva la tesis defendida por el abogado general del Tribunal de Luxemburgo en un reciente caso contra la fiscalidad de las islas Azores. En un texto elaborado por él -una figura equivalente al fiscal en los tribunales ordinarios- se reconocía expresamente a la fiscalidad vasca su carácter «general» y, por lo tanto, se desechaba que fuese un mecanismo para conceder ayudas regionales.

Por ello, Zenarruzabeitia se mostró optimista ante la posibilidad de que la Corte comunitaria reconozca «que en el ámbito de la UE no sólo conviven los sistemas tributarios de los estados, sino que en cada uno de ellos pueda haber regímenes diferenciados, como nuestro Concierto», declaró a Euskal Telebista. Además, señaló que a pesar de la «ofensiva» contra él que han lazado comunidades autónomas limítrofes -La Rioja y Castilla y León- y «el ámbito contencioso-administrativo» -en alusión a los jueces-, las instituciones vascas seguirán defendiendo «con uñas y dientes» el Concierto económico y siendo «responsables y serios» en su gestión.