En mi comentario de ayer, supuse que la iniciativa del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de acudir a Bruselas en busca de un arbitraje para nuestros entuertos fiscales contaba con un respaldo unánime de los agentes sociales; y, sin embargo, que me parecía una maniobra con cierto riesgo. Bueno, pues ayer me equivoqué en lo primero y hoy me reafirmo en lo segundo. En las últimas 24 horas han aparecido varias e importantes voces discrepantes que cuestionan la iniciativa y advierten de sus peligros. Llegan desde esferas bien distintas. La vicelehendakari la califica de puerta abierta a la esperanza, pero incluye en la foto ciertos «riesgos». Desde el ámbito de los partidos, el PSE-EE se despachó a gusto y dijo que era una «tontería impropia de gente inteligente», mientras que desde los agentes sociales el Círculo de Empresarios prefería jugar el partido en campo propio que acudir al terreno internacional.

Es cierto que en estos momentos no existe ningún contencioso con el Estado sobre esta espinosa cuestión, pero hay otras dos cosas que tampoco existen: ni tenemos un acuerdo de fondo sobre el margen de discrepancia máximo que permite compatibilizar el ejercicio de la autonomía normativa con la unidad de mercado, ni disponemos de un blindaje jurídico del espesor suficiente para impedir que cualquier pueda oponerse a lo que las diputaciones decidan. Estas dos cuestiones son absolutamente necesarias para proporcionar un arreglo definitivo. Para buscarlo no hay que ir al norte, hacia Bruselas; sino al sur, hacia Madrid. Además, en Bruselas nos podemos encontrar con cualquier cosa. Las autoridades europeas no destacan por su simpatía hacia las especificidades particulares ni por su comprensión ante las particularidades regionales. Ellos prefieren la uniformidad a la diversidad. Entre otras cosas, porque así trabajan menos. i.m.gardoqui@diario-elcorreo.com