Los expertos españoles y franceses que están investigando la trama etarra de extorsión desmantelada el pasado martes a ambos lados de la frontera han encontrado indicios de que la red no detuvo su trabajo tras el alto el fuego, sino que continuó recibiendo dinero y enviando cartas de la banda, según han señalado fuentes francesas. Los agentes investigan si las misivas eran recordatorios de pagos ya pactados o bien se trataba de la nueva oleada de chantajes, en la que esta vez solicitaban una «aportación voluntaria» para contribuir al proceso de paz.

Dentro de las pesquisas ya iniciadas, expertos en delitos económicos están analizando el medio centenar de cuentas incautadas en oficinas bancarias de Francia y España en busca de nuevas pistas. Fuentes de la lucha antiterrorista insistieron ayer en que la red de extorsión tenía un papel de intermediario dentro del entramado y, por el momento, no se han encontrado datos para llegar al 'aparato financiero', la trama que controla todo el dinero de la banda y del que no se dispone de información. A raíz de los arrestos, las fuerzas de seguridad embargaron inmuebles por valor de 700.000 euros al sospechar que fueron adquiridos con dinero de la extorsión.

Secuestro de Iglesias

En la operación fueron detenidas doce personas, siete en Francia y cinco en España. Entre los arrestados en suelo galo se encuentran históricos de la organización como Ángel Iturbe Abásolo, hermano del fallecido líder de ETA 'Txomin' Iturbe; Julen Madariaga, quien, tras ser uno de los fundadores de la banda rechazó la violencia y participó en la creación de Aralar; o Eloy Uriarte, 'Señor Robles', un antiguo responsable del aparato de finanzas. En España fueron detenidos, entre otras personas, Joseba Imanol Elosua Urbieta, de 71 años, propietario del bar Faisán de Behobia. En su local, considerado un punto neurálgico de toda la trama, se han encontrado más de 40.000 euros en billetes pequeños que, presuntamente, procedían de un pago del denominado 'impuesto revolucionario'. Asimismo, uno de los detenidos en Francia -José Luis Cau Aldanur, de 62 años- guardaba en su casa un recibo pagado al parecer por un empresario después del alto el fuego y que correspondía a una extorsión antigua cobrada a plazos. Cau es sospechoso de haber intervenido en 1994 en el cobro del rescate por el ingeniero guipuzcoano Julio Iglesias Zamora.

Por otra parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional anunció ayer que, a falta de estudiar el atestado policial, aprecia un posible delito de colaboración con banda armada. Según señaló un portavoz del Ministerio Público, las acusaciones podrían extenderse a los delitos de pertenencia y allegamiento de fondos a una organización terrorista, aunque esta ampliación dependerá de la declaración que presten los arrestados, prevista para mañana.

La Fiscalía, además, negó que a la hora de autorizar la operación judicial se hayan tenido en cuenta elementos políticos. Según las fuentes oficiales, la redada se inició cuando las investigaciones «estaban maduras».