El magistrado de Milán Fabio Paparella decidió ayer enviar a juicio al ex presidente del Gobierno italiano, Silvio Berlusconi, y a otras trece personas por acusaciones que van desde el fraude fiscal hasta la falsedad en balance, así como la apropiación indebida y el blanqueo de dinero en el caso de la venta de derechos televisivos de la sociedad Mediaset. Paparella ha tomado esa decisión al término de la audiencia preliminar, que comenzó el 28 de octubre, en la que tenía que decidir si procedía o no una apertura de juicio oral contra el dirigente de Forza Italia.

El juicio, que comenzará el 21 de noviembre, está basado en la investigación sobre las irregularidades en la compraventa de los derechos televisivos y cinematográficos de Mediaset, propiedad de Berlusconi. Entre los acusados se encuentra el presidente del grupo mediático, Fedele Confalonieri; el abogado británico David Mills y otras once personas.

El origen del caso es la compraventa de los derechos de transmisión de películas estadounidenses por parte de Mediaset, por un valor de 470 millones de euros, en torno a la cual fue creado un entramado de transacciones en las que supuestamente participaron empresas registradas en paraísos fiscales al servicio de 'Il Cavaliere'. La Fiscalía sospecha que en la operación se aumentó de forma artificial el precio real de los derechos, se desvió a cuentas en el extranjero cerca de 280 millones de euros y se eludió al fisco el equivalente a unos 170 millones entre 1994 y 1996

De esta investigación se separaron las causas de los dos hijos de Berlusconi -Marina y Pier Silvio, presidenta y vicepresidente de Mediaset, respectivamente-. Por otra parte, también se desarrolla una audiencia preliminar al margen que ve como imputados sólo al ex jefe del Gobierno y al abogado Mills, bajo la acusación de corrupción en actos judiciales.

En este caso, la investigación se basa en las acusaciones de los fiscales Fabio de Pasquale y Alfredo Robledo, que sostienen que el ex primer ministro entregó al abogado Mills la cantidad de unos 600.000 euros para que mintiese en dos de los procesos sobre las actividades ilegales del actual jefe de la oposición.

Evasión de impuestos

Según las acusaciones, Mills sería el creador de una red de paraísos fiscales a disposición de la sociedad de 'Il Cavaliere', Fininvest, usadas para evadir impuestos. Los abogados de Berlusconi presentaron un documento en el que se probaría que el pago a Mills del que se habla habría sido efectuado por un constructor de barcos napolitano, Diego Atanasio, que no tiene ninguna relación con Berlusconi.

Tras conocerse la decisión judicial, Francesco Giro, diputado de Forza Italia, criticó duramente al magistrado. «La decisión de la apertura de juicio estaba ya escrita y no está basada en prueba alguna, lo que da una vez más la medida del furor judicial contra Silvio Berlusconi», manifestó Giro.