Esta vez el Gobierno sí respondió al Partido Popular. La afirmación de Mariano Rajoy tras la reunión entre el PSE y Batasuna de que José Luis Rodríguez Zapatero «no representa al Estado» sino a sí mismo hizo saltar por los aires la consigna autoimpuesta de no contestar a las críticas y provocaciones del principal partido de la oposición para evitar ahondar la fractura que los separa ante el proceso de paz. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, advirtió ayer al presidente del PP de que esas declaraciones le colocan «fuera del sistema democrático». A su juicio, Rajoy pretende despojar de legitimidad a un presidente del Gobierno elegido en las urnas y, con ello, «se declara insumiso al Estado de Derecho».

Fernández de la Vega aprovechó la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para reiterar que el «único objetivo» del encuentro celebrado el jueves entre Patxi López y Arnaldo Otegi en San Sebastián «era, es y será» dejar claro a la formación independentista que «sólo puede ser legal volviendo a la ley y aceptando las reglas del juego democrático». «Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada», insistió una semana más con el principio recogido en el fenecido pacto de Ajuria Enea. Fuentes del Gobierno reconocen que aún es pronto para saber si la reunión dará frutos, pero consideraron positivo el hecho de que pudiera celebrarse.

«No sabemos lo que ocurrirá dentro de unos meses pero Otegi ofreció una imagen diferente a la que estábamos acostumbrados», argumentan. Los portavoces consultados subrayaron además como hecho positivo que el dirigente del partido ilegal huyera de la retórica maximalista habitual en sus intervenciones y «bajara a la tierra de lo posible».

Estas mismas fuentes dijeron ignorar si hubo una respuesta de los representantes de Batasuna a las peticiones del PSE para que dieran pasos hacia la legalización, el objetivo de la cita para los socialistas vascos. En el Gobierno, de todos modos, se mantiene la confianza en que el calendario hilvanado en los contactos con portavoces del partido ilegal se mantendrá y, en consecuencia, los abogados de Batasuna solicitarán este verano al Ministerio del Interior la regularización de la situación de la formación para que en septiembre vuelva a ser legal.

Por una paz irreversible

La vicepresidenta eludió, pese a las insistentes preguntas, valorar la cita y se mostró esquiva sobre si colmó las expectativas del Ejecutivo. Sin embargo, defendió que todos los pasos dados por Rodríguez Zapatero respecto a ETA y la izquierda independentista sirven a los «anhelos de esperanza» de la mayoría de los ciudadanos. «Son trabajos por la paz con mayúsculas -sentenció-; por una paz irreversible».

Con este argumento realizó un nuevo llamamiento al PP para que respalde el proceso. Pero en su apelación al partido opositor, se hizo aún más patente el malestar con Rajoy: «haría un mejor servicio al Estado si se pusiese del lado de quienes, dentro del respeto a las reglas del derecho, trabajan por conseguir la paz».

Las críticas del presidente del PP han calado hondo en el Gobierno, que no se esperaba una reacción tan contundente. Fernández de la Vega afirmó ayer que sus palabras causaron «estupor» en La Moncloa. En privado, miembros del Ejecutivo defendieron que la vicepresidenta aún fue suave. A su juicio, el líder de la oposición ha rebasado un límite inaceptable para un demócrata.

«El presidente del Gobierno representa y sirve a los intereses de España -remarcó la vicepresidenta- porque así lo decidieron los españoles; ha sido elegido por más de 11 millones de ciudadanos y cuenta con el apoyo de todos los grupos parlamentarios». «En democracia -recordó De la Vega- la representación la dan los ciudadanos y son los ciudadanos quienes la quitan».

Víctimas

La portavoz gubernamental salió también al paso de los reproches de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y de colectivos, como el Foro Ermua, que ya han anunciado una querella contra López y Otegi por la reunión de San Sebastián. No respondió a las críticas de modo específico, y se limitó a asegurar que los damnificados por el terrorismo tendrán siempre su «máximo apoyo y máximo respeto». «Hemos estado, estamos, y estaremos siempre y en todo caso con la víctimas», prometió.

Fernández de la Vega tampoco aclaró si el Ejecutivo tiene previsto convocar a las víctimas para apaciguar los ánimos. Pero señaló que «seguirá reuniéndose» con ellas «de forma permanente» porque la relación entablada no responde a una coyuntura concreta sino a una voluntad constante de «colaboración» en la que el Gobierno trabaja, defendió, «sin solución de continuidad».