La red de extorsión de ETA desarticulada el pasado 22 de junio en Francia y España, y de la que era supuesto intermediario el dirigente del PNV Gorka Agirre, mantenía el chantaje a la familia de industriales guipuzcoanos Iglesias Zamora diez años después de que la banda terrorista secuestrara a uno de sus miembros, Julio Iglesias, al que mantuvo retenido 116 días. Así lo atestigua el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska en el auto de procesamiento del responsable de relaciones exteriores del PNV, al que imputó el 28 de junio por colaboración con banda armada tras tomarle declaración en Bilbao. El magistrado desvela la existencia de 'grabaciones' que implican al jefe de la trama en España, Joseba Elosúa, con la actual extorsión a la familia Iglesias, propietaria de la empresa Ikusi.

El instructor explica que una baliza o 'chicharra' (micrófono) escondido en el coche de Elosúa grabó una charla en la que el jefe de la trama hacía referencia a una «reciente» reunión que él mismo, en compañía de otro de los imputados, Ramón Sagarzazu, tuvo con Ángel Iglesias Cocolina, administrador de Ikusi. «De la observación de las conversaciones mantenidas en el vehículo cabe colegir razonablemente cómo la finalidad no era otra que gestionar el pago de alguna cantidad consecuencia del 'impuesto revolucionario'», sostiene el juez, que recuerda el secuestro sufrido por la familia.

Se da la circunstancia, que el juez no recoge en su auto, de que otro de los imputados en la red desarticulada, José Luis Cau Aldanur, el jefe de los cobradores en Francia y amigo íntimo de Elosúa, ya fue investigado en 1994 por haber intervenido en el cobro del rescate por el ingeniero guipuzcoano. El sistema de escucha en el 'Ford Focus' de Elosúa también ha arrojado algo de luz, según el instructor, sobre otro extremo muy controvertido de esta investigación: cómo se produjo el 'chivatazo' al jefe de la trama advirtiéndole de que estaba siendo seguido por la Policía. Grande-Marlaska asegura que el 4 de mayo Elosúa mantuvo una conversación con su yerno Carmelo Luquin Vergara (también imputado) mientras viajaban a Francia para encontrarse con Cau. En esa charla «Joseba Elosúa hizo saber a su yerno cómo ese mismo día una persona desconocida le había abordado a la salida de su casa y cómo le había alcanzado un teléfono móvil, manteniendo una conversación donde se le dieron datos relevantes de la operación y de cómo estaba previsto actuar».

A la vista de esas 'escuchas', en las que Elosúa «hace saber datos específicos y sensibles sobre la causa», el juez señala tajante que «una persona cercana a la investigación» fue la responsable de la filtración. No obstante, no especifica si fue o no un miembro de las fuerzas de seguridad. El juez, aunque reconoce no saber quién estaba al otro lado del hilo telefónico en aquella misteriosa llamada, sí apunta que Elosúa, por aquellas mismas fechas, fue advertido por el dirigente peneuvista Gorka Agirre de las matrículas de los coches 'k' (camuflados) de la Policía Nacional que estaban siguiendo a los integrantes de la red etarra. Grande-Malaska señala que, si bien Agirre lo ha negado en todo momento, Elosúa y su hijo, que declaró como testigo, han reconocido que fue el burukide quien filtró los datos de los automóviles.

Listados y cartas

A la vista de estos indicios, Grande-Marlaska considera a Agirre un miembro más de la red de extorsión de la banda. El dirigente jeltzale, escribe el juez, «ha desarrollado funciones de intermediación entre la organización terrorista ETA, en concreto su aparato de extorsión (GEZI) y empresarios, bien afiliados al PNV, bien relacionados de una u otra manera con el citado partido político». Agirre, añade, «contactaba con el conjunto de miembros de la red de extorsión, más asiduamente con Elosúa, de quien recibía tanto los listados de empresarios extorsionados, como incluso las cartas de extorsión, negociando posteriormente, llegando incluso a entregar dinero con destino final a las arcas» de la banda.

Grande-Marlaska, que advierte de que el burukide se enfrenta a una petición de cárcel de diez años, también dice que existen grabaciones de junio de este año que sitúan a Agirre como intermediario en el cobro del 'impuesto revolucionario' a la empresa Construcciones Intxausti de Gernika, que sufrió un atentado reciente, y recuerda otro 'pinchazo' el pasado 18 de abril, en el que Agirre se refiere ante el ex líder del PNV Xabier Arzalluz al cobro de otro chantaje a un «amigo suyo» por tratarse de un «compromiso (de pago) adquirido» por el empresario antes del alto el fuego.

Agirre, del que el juez dice que utiliza «el mismo léxico críptico» que el resto de imputados, aparece citado en el auto junto a otros once supuestos «intermediarios de la red de extorsión en España». Se trata de los detenidos Joseba Elosúa, Jean Pierre Harocarene Camio, Ignacio Aristizabal Iriarte, Emilio Castillo González de Mendivil, José Ignacio Elosúa Urbieta, Carmelo Luquin Vergara y Julen Madariaga. El magistrado cita también a Juan Carlos Iriarte Pérez, Jesús de la Fuente Irureta, Justo Azcúe Zaldúa y Pablo María Muñoz Peña, director de 'Diario de Noticias', aunque ninguno de ellos ha sido arrestado. Muñoz negó ayer mismo cualquier relación con la trama, cuya práctica tildó de «inmoral».