La Audiencia Nacional prevé iniciar entre diciembre y enero próximos el juicio por el 11-M, que sentará en el banquillo a los 29 islamistas acusados por el juez Juan del Olmo de participar en los atentados terroristas más sanguinarios ocurridos en Europa, según informaron fuentes de la Sala de lo Penal.

Los preparativos para el macroproceso, que se celebrará en el pabellón de alta seguridad de la Casa de Campo de Madrid, que ahora alberga el juicio contra el entorno de ETA, se pusieron en marcha ayer después de que el juez Del Olmo, tras dos años y cuatro meses de investigación, concluyera la instrucción del sumario y remitiese los 237 tomos y 30 piezas separadas -más de 93.000 folios- a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El juez dictó la conclusión del sumario apenas unas horas después de rechazar todos los recursos presentados por la fiscal del caso y las defensas contra el procesamiento de 29 de las 116 personas que tenía imputadas en el sumario. El magistrado ratificó los indicios de implicación en la red terrorista de los 29 procesados y rechazó la pretensión de la fiscal de que considerase al sirio Basel Ghalyoun como uno de los autores materiales de los atentados. En el mismo auto confirmó la situación de prisión preventiva para 21 de los acusados y la libertad provisional de los restantes.

Las fuentes consultadas de la Sala de lo Penal señalaron que cuentan con tiempo suficiente -siempre que no permitan dilaciones- para resolver antes del próximo mes de diciembre los recursos de apelación que planteen las defensas contra los procesamientos, para solicitar de las partes el escrito provisional de calificación -delitos y penas contra cada uno de los acusados-, para fijar la fecha del proceso y dictar el auto de apertura del juicio oral.

El juez Juan del Olmo ratifica que los atentados -en los que murieron 191 viajeros y resultaron heridos 1.811- fueron cometidos por una célula islamista local, pero conectada con la red mundial de Al-Qaida y, especialmente, con su principal franquicia en Europa: el Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM). El documento descarta cualquier participación de la banda terrorista ETA en la voladura de los trenes de cercanías. Además, considera como principal motivación de los terroristas el apoyo del Gobierno del Partido Popular a la invasión de Irak y confirma que la matanza se financió gracias al tráfico de drogas.

El magistrado sólo acusa a dos de los 29 procesados como autores materiales de la colocación de las bombas en los trenes: a Jamal Zougam y a Abdelmajid Bouchar. La razón es que el resto del núcleo central del comando estaba formado por los siete terroristas que se suicidaron en Leganés, alguno de los cuatro huidos y algún delincuente que se encuentra aún sin identificar.

A Zougam y Bouchar les imputa 191 asesinatos y 1.811 asesinatos frustrados, además de cuatro delitos de estragos terroristas -uno por cada tren-. Las mismas acusaciones, pero en grado de conspiración, las dirige contra los líderes 'yihadistas' que colaboraron o promovieron los atentados: los jefes europeos del Grupo Islámico Combatiente Marroquí, Hassan el Haski y Youssef Belhadj, y el líder fundamentalista Rabei Osman el Sayed, 'Mohamed el Egipcio'.

Suárez Trashorras

El procesado que más acusaciones suma, pese a todo, es el ex minero asturiano José Emilio Suárez Trashorras que, a los delitos de los anteriores, suma los correspondientes al suicidio de los siete terroristas en Leganés, donde murió un agente de la Policía nacional y 18 más salvaron la vida de milagro. El juez Del Olmo entiende que Suárez Trashorras, que es la persona que vendió a los terroristas la dinamita para cometer ambos atentados, es autor como cooperador necesario de todas las imputaciones.

Otros siete de los procesados están acusados de pertenencia a banda armada y el resto de colaboración con organización terrorista. Estos últimos son los islamistas que formaron parte de la infraestructura y de la red de adoctrinamiento y apoyo a la célula terrorista local, y también los asturianos que, con Suárez Trashorras, formaron parte de la red de tráfico de explosivos y estupefacientes.