El juez Santiago Pedraz emitió ayer una orden internacional de busca y captura con fines de extradición por cargos de genocidio contra el general golpista José Efraín Ríos Montt y otros siete ex altos cargos guatemaltecos. Este militar es procesado por la Audiencia Nacional de España a petición de la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú -que interpuso la denuncia en 1999-, quien le acusa de los delitos de genocidio, terrorismo de Estado, asesinatos y desapariciones forzadas.

Las órdenes de la Audiencia Nacional están basadas en la falta de cooperación y actitud «obstruccionista» en la investigación por parte de Ríos Montt, quien interpuso varios recursos legales para evitar que Pedraz le interrogara hace dos semanas.

Mientras, el abogado de Ríos Montt, Francisco Palomo, aseguró que la orden de Pedraz sólo puede tener efecto en España, «pero no en Guatemala porque el general está amnistiado desde 1990». Sin embargo, desde el Centro de Acción legal en Derechos Humanos se afirma que con la Ley de Reconciliación Nacional decretada en 1996, no puede concederse ningún tipo de amnistía por los delitos de genocidio, asesinatos, torturas y desapariciones forzadas.

Durante los 18 meses que duró el Gobierno de Ríos Montt ocurrieron los crímenes más crueles de la historia del país, según el informe de la Comisión de la Verdad.