La Fiscalía de la Audiencia Nacional no encuentra motivo alguno para que se actúe judicialmente contra los participantes en la reunión celebrada el pasado jueves entre representantes del PSE y de Batasuna. La acusación pública informará el próximo lunes a Baltasar Garzón del informe que ayer presentó la Policía Nacional en el Juzgado Central 5.

El fiscal ya afirmó antes de la reunión que la cita no vulneraba la suspensión de actividades decretada en enero contra Batasuna porque los participantes, lejos de apoyar la actividad de ETA, pretendían contribuir al final de la violencia y al avance del proceso de paz.

El informe elaborado por la Policía Nacional, de tan sólo cuatro folios, se limita explicar la vigilancia a la que sometieron a los tres representantes de Batasuna -Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria y Olatz Dañobeitia- tanto a la entrada como a la salida del hotel de San Sebastián donde se celebró el encuentro. El texto detalla los vehículos con los que llegaron, las horas en las que se produjeron los hechos y el tiempo que permanecieron los dirigentes del partido ilegalizado junto a los representantes del PSE en un «salón privado con acceso restringido». El documento no incluye dato alguno sobre el contenido de la reunión, ya que los investigadores no tuvieron acceso a esta información.

Baltasar Garzón tendrá que decidir la semana próxima si cita o no en la Audiencia Nacional a alguno de los participantes en la reunión, tal y como le solicitará el lunes el abogado de la asociación Justicia y Dignidad (JyD), personada en el sumario. JyD pedirá al juez que convoque a declarar como imputados a los tres dirigentes de Batasuna que participaron en el encuentro para que expliquen su contenido, y muy probablemente también solicitará la presencia en el juzgado de alguno de los representantes del PSE -Patxi López y Rodolfo Ares-, con la misma finalidad.

Garzón no tiene previsto decidir si actúa o no contra los participantes en la entrevista hasta que pueda leer los escritos de las partes. No obstante, fuentes judiciales indicaron que ven poco probable que el magistrado adopte algún tipo de medida legal contra los representantes del PSE y de Batasuna, dado el inocuo contenido del informe policial y los propios argumentos que utilizó el juez en el auto por el que el miércoles pasado acordó autorizar la reunión.

El juez dejó claro en su escrito que la reunión «a priori» no vulneraba la suspensión de actividades -porque es legal hablar con los miembros de Batasuna y porque el PSE es libre de reunirse con quien quiera- y aclaró que sólo actuaría «a posteriori» si tenía «elementos, datos o indicios de que lo realizado es aparentemente delictivo», algo que no obtendrá de la lectura del informe policial, su única referencia y elemento de decisión. Además, Garzón alertó en el auto judicial sobre lo pernicioso de que un juez especule sobre contenidos que no sabe si se han producido, porque puede desembocar en «resoluciones de contenido político».