Solbes trató de reorientar ayer en Bilbao las reclamaciones de un 'blindaje' para el Concierto Económico y se alineó con la tesis defendida en las últimas semanas por el Partido Socialista de Euskadi que, en términos coloquiales, proclama que no es necesario ir a pedir algo al Parlamento de Madrid que se puede conseguir sin salir de la comunidad autónoma. En síntesis, que sea el Parlamento vasco quien, mediante alguna fórmula de ratificación, dé rango de ley a las normas forales en materia fiscal, para reducir así de forma notable las posibilidades de recurso contra ellas y, al mismo tiempo, garantizar que será el Tribunal Constitucional y no la justicia ordinaria quien falle sobre la materia.

Solbes mostró su respaldo al fondo del asunto. «Las normas que regulan en Navarra los impuestos tienen rango de ley y me parece lógico que también lo tengan las que se aprueban en el País Vasco», dijo el vicepresidente. Sin embargo, a la hora de elegir una u otra fórmula para conseguir ese propósito, Solbes se inclinó por la opción de que las normas forales reciban la ratificación del Parlamento de Vitoria -la única institución que puede aprobar leyes, según la Ley de Territorios Históricos-, después de calificar como «muy complicada» la pretendida reforma de las normativas del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial que había pedido el PNV.

Sondeos

Fuentes del PSE aseguran que la opción de ratificar las normas en el Parlamento vasco ya ha sido 'sondeada' con otras formaciones políticas y, apuntan, ha sido «bien recibida» en le seno de EA y de Ezker Batua. En el PNV, aclaran los socialistas, «se lo están pensando».

Fuentes de la formación nacionalista, sin embargo, aseguraron ayer a EL CORREO que prefieren seguir intentando la reforma de las leyes orgánicas del Constitucional y del poder judicial. No sólo porque la vía alternativa plantea problemas de corte ideológico -supone una revisión de las bases sobre las que se asienta la defensa del foralismo-, sino porque entraña algunos riesgos de corte político-práctico. Así, esgrimen desde el PNV, la hipotética existencia de un diferente equilibrio de fuerzas entre el Parlamento vasco y las juntas generales de uno de los territorios puede complicar en exceso la aprobación de las futuras normas forales al exigir el consenso en dos órganos legislativos diferenciados.

Los nacionalistas creen que aún existe un amplio margen de negociación con la Administración central sobre este tema que, previsiblemente, se sustanciará cuando PNV y PSOE discutan el Presupuesto General del Estado para 2007. Esta reforma legislativa y quizá también el empuje final al acuerdo sobre el Cupo para los próximos cinco años -cuya negociación apenas ha comenzado- pueden convertirse en la moneda de cambio que exigirán los nacionalistas para respaldar el Presupuesto que remita el Gobierno de Zapatero al Congreso.