La asociación Dignidad y Justicia (DyJ), personada en la causa abierta por la presunta financiación de ETA a través de las herriko tabernas, pidió ayer al juez Baltasar Garzón que cite en la Audiencia Nacional como testigos al secretario general del PSE-EE, Patxi López, y al coordinador de la ejecutiva Rodolfo Ares, para que expliquen de qué hablaron el pasado jueves en la reunión que mantuvieron en un hotel de San Sebastián con miembros de Batasuna.

La plataforma también solicitó que pasen a declarar por el despacho del juez los dirigentes de Batasuna que acudieron a la entrevista -Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria, Olatz Dañobeitia y el responsable de prensa del partido, Juan José Petrikorena-. En el caso de estos cuatro quiere que acudan como imputados, ante la posibilidad de que hayan violado el auto judicial que suspende toda actividad del partido ilegalizado.

La acusación particular quiere que Garzón pregunte a estos cuatro dirigentes si, como señala el informe policial, la mañana en que se produjo la entrevista estuvieron dentro de la sede de Batasuna de San Sebastián que la Policía precintó por orden del juez el 18 de enero pasado. El escrito considera que si este dato se confirma habrían incurrido en un delito de desobediencia judicial.

Herriko de Zamudio

El documento de DyJ solicita al juez otras dos medidas más. La primera, que clausure la sede que Batasuna ha abierto en Pamplona para informar sobre «la realidad de Euskal Herria» a los turistas que acuden a la ciudad con motivo de los 'sanfermines'. La segunda, que impute a los responsables de burlar el cierre de la herriko taberna de la localidad vizcaína de Zamudio, acordada en mayo por la Audiencia Nacional, y que clausure de nuevo el local. Señala que la supuesta sede social de Batasuna ha vuelto a funcionar a través de la instalación de una carpa anexa y del uso del local contiguo.