El primer plan para perseguir el fraude en las ayudas sociales que prestan las instituciones en Vitoria ya ha dado resultados. El Ayuntamiento ha suspendido o denegado prestaciones económicas a un total de 318 familias o personas entre mayo de 2005 y mayo de 2006. ¿El motivo? Sus perceptores o solicitantes no las necesitaban. Ésta es, al menos, la conclusión a la que ha llegado el Consistorio después de investigar a fondo la situación de los afectados.

Estos 318 ciudadanos percibían o pretendían cobrar la renta básica -un salario que financia el Gobierno vasco y reparte el Consistorio-, así como las ayudas de emergencia social (AES), que cofinancian la Administración autonóma y las instituciones alavesas. De haberlo hecho, entre todos ellos se habrían embolsado un millón de euros. La actuación municipal lo ha impedido. «Vitoria es el único ayuntamiento del País Vasco preocupado por saber si quien recibe las prestaciones, de verdad, es merecedor de ellas», resalta un portavoz del equipo municipal de gobierno.

La detección de esos más de trescientos defraudadores ha sido posible gracias a la puesta en marcha de una iniciativa municipal que vio la luz hace catorce meses en forma de decreto del alcalde. Su aplicación ha supuesto intercambiar datos entre los diferentes departamentos municipales, así como con otras instituciones, como el Inem, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Hacienda foral o el Servicio Vasco de Vivienda (Etxebide).

Así, a lo largo de un año, catorce empleados del Consistorio han llevado a cabo más de doscientas actuaciones. Entre otras destacan las cuarenta consultas realizadas al padrón sobre el domicilio de los perceptores de las ayudas. Además, la Policía Municipal ha realizado más de un centenar de verificaciones para comprobar situaciones de necesidad o para confirmar cuántas personas conformaban la unidad de convivencia del perceptor de las ayudas.

En todo Euskadi

Los afectados suponen algo menos del 7% de los titulares de las AES o de la renta básica. Sin embargo, las ayudas denegadas o suspendidas -un total de 411- significan casi el 18% del total de prestaciones. Y es que algunos de ellos cobraban o querían percibir más de una prestación.

Una vez que se dispone del primer informe sobre este tipo de fraude, el Ayuntamiento vitoriano se plantea proponer al Gobierno vasco -institución a quien correponde la competencia de la renta básica y de las AES- que elabore un procedimiento contra el fraude en todo Euskadi, con el fin de que se incluya en la normativa reguladora de estas ayudas.

Para explicar esta pretensión, el Ayuntamiento de la capital alavesa recalca que es la única ciudad que pone dinero para las ayudas de emergencia. «No puede ser que el resto se limite a repartir unas cantidades económicas sin importarle si todo el mundo que las percibe tiene necesidades de verdad o no. A nosotros -añade el portavoz del Gabinete Alonso- sí nos parece importante saber que el 93% de la gente que tiene prestaciones cumple con la normativa». El asunto, según ha podido saber EL CORREO, será debatido en la comisión de Asuntos Sociales que se celebrará el próximo miércoles.

En los últimos doce meses, 4.656 familias vitorianas han vivido de la renta básica y de las Ayudas de Emergencia Social, lo que ha supuesto un gasto de 19,4 millones de euros. Aunque la competencia es del Ejecutivo vasco, el Ayuntamiento y la Diputación alavesa han financiado el 8,4% y el 2,2%, respectivamente, para poder atender todas la demandas de las AES.

Estas prestaciones supondrán este año en Vitoria 6,5 millones de euros. De esta cantidad, el Gobierno vasco ha puesto ya algo más de 3,3 millones y el Consistorio vitoriano cerca de 2,4. «Tenemos sin cubrir 800.000 euros. Esperamos que sea el Gabinete Ibarretxe quien los aporte, porque Vitoria ya le ahorrado al menos un millón gracias al trabajo de control que hemos hecho», añaden los mismos medios.