Euskadi puede perder en los próximos meses a nueve brillantes investigadores que llegaron a la Universidad del País Vasco (UPV) en 2001, en el marco del programa Ramón y Cajal del Ministerio de Educación y Ciencia. El contrato quinquenal que vincula a esos jóvenes científicos con la Universidad acaba entre el 15 de noviembre y el 6 de enero, según el caso, y los afectados no saben qué va a ser de ellos después. El Gobierno vasco y la UPV están realizando gestiones para resolver el problema. «Vamos a hacer todo lo posible por que se queden», indicó ayer a este periódico Miguel Ángel Gutiérrez, vicerrector de Investigación. Todavía, sin embargo, no puede asegurarse que vaya a ser así.

El programa Ramón y Cajal fue creado hace cinco años por el Gobierno de José María Aznar para incorporar al sistema científico español a jóvenes investigadores competitivos que, de otro modo, engrosarían la lista de cerebros fugados o podrían abandonar la actividad científica. Los beneficiarios de la primera convocatoria ven ahora cómo quedan sólo unos meses para el final de sus contratos y, en el caso de la UPV, ignoran si seguirán vinculados al campus o tendrán que buscarse la vida en otro lado. Son doctores que rondan la cuarentena, tienen un largo y brillante currículo investigador que en todos los casos incluye estancias en prestigiosos centros extranjeros, y han superado duras pruebas de selección; pero carecen de estabilidad laboral. Nunca hasta ahora la han conocido.

«Nos han formado como profesionales de la investigación, pero no hay una profesión que desarrollar», lamenta Santos Alonso, un biólogo evolutivo de 41 años con cuatro de experiencia investigadora en Inglaterra y cuyo contrato finaliza el 15 de noviembre. «Deberíamos estar buscando ya una plaza en el extranjero», añade José Andrés Fernández, que tiene la misma fecha marcada en el calendario. El caso de este químico-físico de 40 años ilustra lo que es intentar hacer de la ciencia una carrera.

Fernández se licenció en Química en 1988, año en el que publicó su primer artículo en una revista científica. Recibió una beca en 1989 y otra en 1990 para desarrollar el doctorado, grado que obtuvo en noviembre de 1995. Posteriormente, pasó dos años en Estados Unidos subvencionado por el Gobierno vasco; después, optó a una beca de reincorporación. Obtuvo dos: una del Ejecutivo autónomo y otra del Ministerio de Educación y Ciencia. Se inclinó por la segunda porque «era de tres años y tenía Seguridad Social». Cuando nació el programa Ramón y Cajal en 2001, se hizo con una de las plazas y, cinco años después y tras haber superado evaluaciones de control, se encuentra otra vez en la cuerda floja laboral.

Los nueve investigadores Ramón y Cajal que dejarán de serlo dentro de unos meses han percibido durante cinco años un sueldo equivalente al de un profesor titular de universidad. No han tenido obligación de dar clases; han sido investigadores a tiempo completo, una figura que no existe en la universidad pública vasca, donde todo los profesores han de compaginar la actividad investigadora con la docencia. Éste es uno de los problemas de cara a su incorporación al centro, ya que depende de la creación y regulación de la figura del personal universitario investigador dentro de la Ley Vasca de Educación, norma que no será una realidad antes de un año. Sólo después saldrán a concurso las plazas a las que podrían optar estos científicos.

Nerviosismo

Lo que buscan ahora el Departamento de Educación y el Rectorado de la UPV es la fórmula que permita mantener a estos jóvenes vinculados a la Universidad cuando expiren sus contratos Ramón y Cajal y hasta que el nuevo marco legal entre en vigor. «Al Gobierno vasco le ha pillado el toro en nuestro caso», dicen los afectados.

«Entiendo su nerviosismo», asegura el vicerrector de investigación de la UPV. Gutiérrez afirma que está en el ánimo de la Universidad evitar la pérdida de estos nueve cerebros y que es algo por lo que también está «muy preocupado» Alberto Ansuategi, director de Política Científica del Ejecutivo autónomo. «Los investigadores principales (quienes solicitaron a la UPV que contratara en su día a estos jóvenes) nos piden que se queden y estamos haciendo gestiones al respecto. La Universidad quiere que se queden. Para eso, necesita dinero y el Gobierno vasco parece dispuesto a ponerlo», sostiene el vicerrector, quien se muestra esperanzado, aunque no quiere echar las campanas al vuelo.

Los investigadores se han reunido desde diciembre con representantes del Departamento de Educación y de la Universidad, y han salido de los encuentros con la impresión de que existe interés por solucionar su problema. «Hay voluntad para contratarnos, pero todavía no se acaba de materializar», dicen, y temen que hasta la solución temporal llegue demasiado tarde para ellos, los primeros Ramón y Cajal vascos.