Nuevo envite sindical contra el Gabinete Alonso. ELA y LAB anunciaron ayer que los empleados que se encargan de velar por la calidad del agua de las piscinas municipales dejarán de trabajar el día 25 y mantendrán una huelga indefinida hasta el 29 de septiembre. La protesta, basada en que el Ayuntamiento «ha privatizado» esos empleos y adjudicado su labor a una empresa privada, supone una amenaza directa a la actividad de las piletas de los centros cívicos y de las instalaciones deportivas de Gamarra y Mendizorroza. Y todo ello en plena campaña de verano.

No obstante, portavoces del equipo de gobierno aseguraron ayer que intentarán impedir «que esta nueva maniobra afecte a los vitorianos». Buscaremos un acuerdo para que ningún complejo se cierre», zanjaron.

Este nuevo conflicto se enmarca dentro del agitado panorama sindical que vive el Ayuntamiento, donde las centrales que representan a los funcionarios protagonizan una fuerte división. Antes del cisma, el comité de empresa -formado por CC OO, ELA y LAB- lideró de forma conjunta dos huelgas generales para protestar contra las «subcontrataciones» en el sector de la limpieza y reclamar un nuevo convenio que incluyera una gran oferta pública de empleo.

Paros y división

Ambas convocatorias -realizadas el 26 de mayo y el 16 de junio- lograron cerrar todos los centros cívicos, así como varios polideportivos, guarderías y las piscinas de Mendizorroza y Gamarra.

Tras un paréntesis de apenas un mes, el miércoles se produjo un giro inesperado. El alcalde, Alfonso Alonso, firmó con CC OO el nuevo convenio laboral de los 2.600 funcionarios del Consistorio, válido para este año y el siguiente. El sindicato insistió en que con este acuerdo «no habrá subcontrataciones» durante ese tiempo. Mientras, Alonso convocará una gran OPE tras el verano. ELA y LAB consideraron este gesto como «una traición» y desconfiaron de que el regidor fuera capaz de cumplir el texto.

Un día después, la buena sintonía entre el alcalde y CC OO daba síntomas de consolidarse. El primer edil se reunía con este sindicato y con Afavi para abrir otra vía de diálogo que solventara las reclamaciones laborales de la Policía Municipal, algo que puede permitir encontrar voluntarios que escolten a Celedón hasta la balconada de San Miguel. Por si fuera poco, Alonso auguraba otro acuerdo en ciernes con Comisiones Obreras para firmar el convenio de Tuvisa y poner fin a los paros de los conductores.

Ayer mismo, y en referencia directa a las centrales nacionalistas, el político del PP proclamaba lo que denominó «un aviso a navegantes». Quienes estén «aferrados al conflicto, a la bronca y al megáfono no tienen nada que hacer», zanjó.

Críticas

Fuentes sindicales especulaban desde hace días con que ELA -que tiene 12 delegados en el comité municipal, tantos como Comisiones- no se quedaría de brazos cruzados. Y la reacción llegó ayer. La central nacionalista salió al paso para denunciar que el Gabinete Alonso había realizado una subcontratación el mismo día en que firmó el convenio con CC OO. «No nos creíamos nada y aquí está la prueba. Siguen las privatizaciones», remarcó la delegada Mónica de la central nacionalista Mónica Gómez de Segura.

En concreto, ELA y LAB censuran que el Ayuntamiento haya encargado a las empresas privadas Giroa y Lanbide que realicen el mantenimiento de todas las piscinas y varias obras de reforma en las piletas, un contrato de diez años valorado en 15 millones de euros.

Los sindicatos dicen que once trabajadores municipales que ahora hacen esa labor pagarán las consecuencias. Cinco son funcionarios que deberán ser recolocados y otros seis son contratados sólo durante el verano. Todos ellos controlan la calidad del agua de las piletas. Sin su visto bueno las piscinas no pueden ser utilizadas, como ya se demostró en las dos huelgas generales convocadas por todo el comité de empresa. El paro de estos empleados empieza el martes.

Por su parte, portavoces del Gabinete Alonso remarcaron que el PP buscará «un acuerdo» para terminar con el conflicto porque «no permitiremos que esto perjudique a los vitorianos». Las mismas fuentes calificaron la huelga anunciada como «otra bronca política de ELA y LAB, que en cuanto pierden protagonismo buscan sacar pecho de cara a las elecciones sindicales de noviembre».