Parece que la sociedad alavesa debe felicitarse por la creciente integración laboral y social de las personas con discapacidad. Y eso a pesar de que las empresas ordinarias no les den ninguna oportunidad puesto que no las contratan, aunque la Ley de Integración Social de Minusválidos-as obligue a las empresas con más de 50 trabajadores-as a que al menos el 2 % de su plantilla sean personas con discapacidad. Es posible que de ahí venga la frustración de don Carlos García, director gerente del Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS), al no conseguir y recordar en unas recientes declaraciones a su periódico que una de las funciones de los Centros Especiales de Empleo (CEE) de la Diputación es servir de trampolín para el empleo convencional. Según el señor García lo bueno sería que estas protegidas tuvieran que cerrar. Ni en broma. Los CEE juegan un papel fundamental, al menos hoy. Así que habrá que mantener no sólo la cobertura actual de los CEE sino aumentarla, dignificarla y fortalecerla. Y sobre todo, los públicos.

Según el Ararteko, de las 60.000 personas con discapadidad en edad laboral que hay en la comunidad autónoma vasca, sólo 12.000 se hallan ocupadas y de éstas, sólo 7.000 en empresas ordinarias. No quiero ni pensar en que ese afán normalizador expresado por el IFBS sea en el fondo un cuestionamiento de su centro Indesa. Con los 'modelos' de la 'rentabilidad' y las alternativas de la privatización de lo público a que últimamente nos están acostumbrando una se echa a temblar. De los salarios que cobran las personas con discapacidad, sus condiciones laborales y el último convenio de Indesa hablaremos otro día.