El Gobierno ha enviado una nítida advertencia a ETA y la izquierda abertzale en un contexto político marcado por el inicio de las conversaciones entre emisarios de José Luis Rodríguez Zapatero y la organización armada. El Ejecutivo no se plantea modificar la legalidad vigente para «ir al encuentro de los terroristas» ni tampoco flexibilizar la situación penitenciaria de etarras con una larga trayectoria de delitos de sangre como 'Txapote', según advirtió ayer sin ambages el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar. Fuentes socialistas consultadas por este periódico inciden en que los reclusos recibirán un trato «individualizado» y no «generalizado» como ha reivindicado históricamente la banda, al tiempo que sostienen que actitudes como las que viene manteniendo Francisco Javier García Gaztelu ante sus víctimas y los tribunales que le juzgan «ralentizan y dificultan» los movimientos gubernamentales en las cárceles.

«Esos criminales con las manos manchadas de sangre van a ver depuradas sus responsabilidades penales de manera entera y completa, sin remisión», aseveró en la Ser López Aguilar, quien constató, con un lenguaje muy duro, que el objetivo del Gobierno no pasa por «rehabilitar a un psicópata sanguinario» y auguró, en el caso paradigmático de 'Txapote', que soportará «condenas de muchísimos años de cárcel». El ex 'número uno' de ETA se enfrenta hoy a su cuarto juicio en la Audiencia Nacional desde mediados de junio: está acusado, esta vez, de ordenar en el año 2000 la voladura de la discoteca 'Txitxarro' propiedad de la familia del empresario José Mari Korta, al que ETA había segado la vida apenas un mes antes. Las tres vistas anteriores desembocaron, de una forma u otra, en incidentes.

La Policía tuvo que obligarle a él y a su compañera, Irantzu Gallastegi, a ponerse en pie como muestra de consideración hacia la Sala durante el juicio por el asesinato de José Luis Caso, del que fue absuelto. Días después, fue increpado por la hermana y la madre de Miguel Ángel Blanco -cuya muerte le ha supuesto una pena de 50 años de cárcel-, después de que el imputado y 'Amaia' exhibieran sonrisas y gestos de complicidad ante los familiares y los allegados del edil de Ermua, en un ambiente de alta tensión emocional. El último altercado se registró hace sólo cuatro días, cuando García Gaztelu se enfrentó al presidente del tribunal y le llamó «monigote», a las pocas horas de haber escuchado a uno de los hijos del histórico militante del PSOE Fernando Múgica identificarle como el asesino de su padre.

Los socialistas descartan que el comportamiento de 'Txapote' pueda arruinar el proceso de paz, pero sí admiten que su «actitud chulesca se hace bastante insoportable no ya sólo a las víctimas, sino a toda la sociedad», según constata José Antonio Pastor. De hecho, las imágenes de lo ocurrido en el juicio por el asesinato de Blanco pesaron en el ánimo del presidente del Gobierno, que demoró el anuncio en el Congreso del inicio del diálogo con ETA; y en aquellos días, dirigentes del PSE atendieron los mensajes dolidos e indignados de afectados por el terrorismo. Rodolfo Ares cree que la forma de conducirse de 'Txapote' «no afectará al camino emprendido», pero que sí evidencia que en «el mundo de ETA hay mucha gente» aún reacia «a completar el tránsito hacia el final de la violencia».

«La épica del gudari»

El diputado Ramón Jáuregui distingue entre lo que denomina «idiotas morales, que no tienen conciencia de su crueldad y el daño causado», y etarras como 'Txapote' y 'Amaia', «seres perversos con una carga de fanatismo brutal». Y, al tiempo que alerta del perjudicial efecto que genera esa «épica del gudari legitimadora de la violencia», se pregunta qué cabrá hacer con presos así una vez concluya la posible disolución de la banda. Sobre todo, cuando la sociedad estará vigilante y «va a ser tremendamente exigente».

La advertencia de López Aguilar parece reflejar la convicción de los socialistas de que la eventual reinserción de los reclusos se encarará de manera personalizada, y no en bloque como ha exigido siempre ETA y la izquierda abertzale, y también su resistencia a sopesar beneficios penitenciarios para reclusos como 'Txapote', que suscitan una acusada animadversión en la opinión pública. El ministro de Justicia, que reconoció «los escrúpulos» que deberá vencer el Gobierno en el diálogo con la banda y su entorno, reiteró a Batasuna que debe cumpir la Ley de Partidos para regresar a la legalidad y negó que el Ejecutivo vaya a realizar concesiones alterando la Constitución o los estatutos de Euskadi y Navarra.

Los socialistas tienen la impresión de que la actitud de 'Txapote' tampoco favorece los intereses de la dirección abertzale y subrayan el limitado respaldo con que el acusado ha contado en los juicios. Este periódico intentó recabar ayer la opinión de Batasuna, que señaló, a través de un portavoz oficial, no tener «nada que decir». Quien sí lo hizo fue María San Gil, persuadida de que el comportamiento de García Gaztelu está «removiendo muchas conciencias». A su juicio, su «chulería» y la de los líderes abertzales cuestiona la bondad de un proceso llamado a «derrotarles».