La Asociación de Víctimas del Tres de marzo ha acogido con un evidente desencanto la noticia de que el denominado proyecto de ley de Memoria Histórica, aprobado ayer por el Gobierno central, prevé indemnizar a los afectados por los trágicos sucesos que conmocionaron Vitoria el 3 de marzo de 1976. «Bienvenidas sean las indemnizaciones pero, para nosotros, lo principal sigue siendo conocer la verdad y lograr que se depuren las responsabilidades de la masacre. Y mucho nos tememos que lo que se pretende con esa ley es hacer borrón y cuenta nueva», comentó ayer a EL CORREO Andoni Txasko, el portavoz del colectivo, Andoni Txasko.

Aquella jornada, fijada en la memoria colectiva de la ciudad, la Policía Armada mató a balazos a cinco trabajadores e hirió a un centenar durante la represión de una asamblea obrera que se celebraba en la iglesia de San Francisco, en el barrio de Zaramaga, y en los enfrentamientos anteriores y posteriores a la reunión.

Desde entonces, los afectados no han cesado de reclamar «verdad y justicia». Sin embargo, su lucha por conseguir que se aclare quién y por qué ordenó a los agentes disparar a los concentrados no ha dado resultados ni en los tribunales ni en el plano político. En cualquier caso, nunca olvidarán que el máximo responsable de la Policía en aquella época era el entonces ministro del Interior, Manuel Fraga Iribarne, hoy miembro del Senado tras presidir durante años la Xunta de Galicia.

Trámite parlamentario

Hace cinco meses, la asociación acogió con esperanza el anuncio de que el Ejecutivo preparaba el borrador de un proyecto de ley para compensar de alguna manera a las víctimas de la Guerra Civil, la dictadura de Franco y la Transición. Y llegó incluso a pedir al Gabinete Zapatero que impulsara la apertura «de causas judiciales» relacionadas con aquellos sucesos.

«Aunque no conocemos el contenido del proyecto, parece que el Gobierno no se ha hecho eco de nuestra solicitud y quiere zanjar aquella masacre con dinero, lo que no nos convence en absoluto», señalaba ayer Txasko. La futura norma establece indemnizaciones de 135.000 euros para los fallecidos en defensa de la democracia entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977.

En cualquier caso, el colectivo espera que, a lo largo del trámite parlamentario de la futura ley, algún partido político plantee enmiendas «que recojan nuestra reivindicación fundamental», agregó.