El PSE sostiene que la futura ley que ya se conoce popularmente como de Memoria Histórica permitirá reconocer desde «la verdad y la justicia» a los cinco trabajadores fallecidos en Vitoria por disparos de la Policía Armada el 3 de marzo de 1976. Así lo afirmó ayer el diputado socialista por Álava Ramón Jáuregui, quien compareció junto con el parlamentario vasco Antonio Rivera para anunciar una proposición no de ley que su grupo acaba de presentar en la Cá-mara de Vitoria para complementar, por la vía de la Historia, la reparación económica que contempla el proyecto normativo aprobado el viernes por el Gobierno central.

Los socialistas pretenden que el Parlamento de Euskadi declare, como «versión fehacientemente probada» de lo ocurrido en aquella trágica fecha, el dictamen histórico que elaboró en 2004 el Instituto Universitario de Historia Social 'Valentín de Foronda' de la Universidad del País Vasco.

Los autores de ese informe consideraron probada la existencia de «responsabilidades penales claras» en las muertes de Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo y Bienvenido Pereda, como ya habían establecido en su día los tribunales militares. Aunque los historiadores no pudieron establecer «responsabilidades personales», sí constataron que quienes tomaron las decisiones para reprimir la asamblea obrera en la iglesia de San Francisco, en Zaramaga, fueron «funcionarios con órdenes procedentes de alguna instancia de la línea de mando, cuyo vértice era en ese momento el Gobierno».

«Lo máximo»

Rivera explicó que si el Parlamento vasco lo aprobase, «ese dictamen se trasladaría a las entidades oportunas para que lo adjunten o den referencia del mismo en todos los sumarios e informes abiertos por aquellos sucesos y en todos los fondos documentales que se refieran a la cuestión».

Con esa propuesta, los socialistas pretenden contentar a la asociación de víctimas, cuyo portavoz, Andoni Txasko, expresó el viernes a EL CORREO su decepción por el hecho de que el proyecto de ley contemple sólo indemnizar a los herederos de las víctimas con 135.000 euros, y no incluya la reivindicación fundamental de los afectados: conocer «la verdad» y determinar, al menos ante la Historia, quiénes fueron sus responsables.

En ese sentido, Jáuregui recordó ayer que la Ley de Amnistía de 1977 impide «investigar y castigar» penalmente a los culpables de la masacre. Por ese motivo, el PSE entiende que el proyecto del Gobierno central y la proposición planteada en la Cámara autonómica «es lo máximo» que se puede hacer para «finiquitar» el asunto.