El PNV ha anunciado hoy que pedirá una auditoría para que se aclare por qué varias cooperativas de Vitoria piden hasta 66.000 euros más por piso que otras que afirman poder construir los pisos a los precios de protección oficial.

El grupo nacionalista informó de que "varias cooperativas de Mariturri, sector ubicado en Zabalgana, aseguran que pueden construir a precio de protección oficial las viviendas que les adjudicó el Ayuntamiento, sin incrementar las cantidades previstas desde el principio".

El PNV quiere saber "qué factores hacen que algunas cooperativas aumenten el precio de los pisos de forma tan significativa". Por ello, el PNV pedirá en el consejo extraordinario de Ensanche 21, que se celebrará en septiembre, una auditoría de las ocho cooperativas adjudicatarias.

El concejal del PNV y consejero en Ensanche 21, Unai Grajales, adelantó respecto al precio de las viviendas que "queremos que nos aclaren por qué algunas piden hasta 66.000 euros más por piso".

El incremento económico por parte de algunas cooperativas llevó al PNV a solicitar la celebración de una reunión monográfica de la sociedad urbanística municipal Ensanche 21 el próximo 7 de septiembre.

Mariturri

La finalidad de esta junta "es analizar las razones que han llevado a varias cooperativas de Mariturri a pedir a sus socios hasta 66.000 euros más de los establecidos inicialmente por cada uno de los 354 pisos que en la zona próxima del Alto de Armentia", según el PNV.

Este grupo, que en agosto ha mantenido reuniones con representantes de las cooperativas, reveló que "hemos podido comprobar que no todas las cooperativas han disparado sus precios hasta 210.000 euros (frente a los 144.000 euros de tope máximo establecidos en un principio)".

Grajales aseguró que "hay varias a las que les salen las cuentas y que aseguran que, una vez vendidas las lonjas comerciales y las plazas de garaje sobrantes, se ajustarán a los precios a los que todas las cooperativas se comprometieron con sus asociados".

El concejal añadió que "nos preocupa mucho la subida, porque hay familias que no pueden hacer frente al incremento e incluso algunas se han dado de baja por esta razón".

El PNV consideró que "detrás de la polémica de Mariturri puede haber una intencionalidad política del alcalde de poner en cuestión la adjudicación de viviendas a cooperativas".

Grajales concluyó con que "lejos de ello, nosotros creemos que hay que seguir usando esta fórmula, pero de forma más controlada y restrictiva para que realmente las entidades que accedan sean cooperativas y no otras cosas que se les parecen".