Los ayuntamientos del País Vasco, liderados por Bilbao y Vitoria, esgrimen los informes elaborados por sus servicios jurídicos para no sancionar las supuestas infracciones a la ley Antitabaco.

Así, el letrado asesor-jefe del ayuntamiento de Bilbao concluye, en un informe realizado a petición de Iñaki Azkuna, que los alcaldes son «incompetentes» para «la instrucción e imposición de sanciones por infracciones» a la Ley 28/2005. Se trata de una interpretación diametralmente opuesta a la mantenida por los asesores de la Dirección de Política Autonómica y Desarrollo Estatutario quienes, a principios de año y tras una demanda de la Dirección de Drogodependencias, arguyeron la capacidad de los ayuntamientos para hacer velar por el cumplimiento de la controvertida ley.

Básicamente, el informe del ayuntamiento de Bilbao sostiene que la ley aprobada por el Parlamento y el Gobierno español establece que «la Administración llamada a ejercer» la competencia «es la propia comunidad autónoma». «Es evidente que el alcalde no es un órgano de la comunidad autónoma, sino un órgano específico de una administración independiente de ella, como es el Ayuntamiento». Así mismo se recuerda que el propio articulado de la ley establece «con carácter básico» que «ha de ser» la Administración de la comunidad autónoma, en este caso la del País Vasco, «quien ejerza la potestad sancionadora». En todo caso, apunta el texto, esta «competencia irrenunciable» del gobierno de Vitoria podría ser delegada a los ayuntamientos. No obstante, para ello «se requiere», dice el informe, la «aceptación» por parte del «municipio interesado» salvo que la ley se imponga «obligatoriamente, en cuyo caso habrá de ir acompañada necesariamente de la dotación de medios económicos para desempeñarlos».

Lo que airea este informe es que, además de la impopularidad que toda acción sancionadora conlleva, velar por el cumplimiento de la ley Antitabaco precisa de medios humanos y materiales con unos costes que las arcas municipales no están dispuestas a asumir. La asesoría jurídica del Ayuntamiento de Vitoria se sumó en su día también a las argumentaciones del asesor bilbaíno y, en concreto, trasladó a Alfonso Alonso la idea de que la administración llamada por la ley a ejercer la «potestad sancionadora... es la propia comunidad autónoma».

«Otra vez nos quieren pasar el mochuelo a nosotros que siempre somos los paganos», declaró en su día el alcalde de Vitoria ante las pretensiones del Gobierno vasco. Así mismo, el alcalde de Bilbao señaló entonces, y basándose en el informe de la asesoría municipal, que no iba a pedir a los agentes de la Policía local que incluyeran entre sus tareas la vigilancia sobre el cumplimiento de la ley Antitabaco. Eudel, organismo que engloba a los ayuntamientos vascos, ha hecho suyas las argumentaciones de los servicios jurídicos de sus asociados y mantiene su oposición a que sean los municipios quienes realicen la labor inspectora.

Con otro aire

En estos últimos meses no se han celebrado las anunciadas reuniones entre las partes implicadas para la redacción del decreto, que se pretende sea consensuado, que traslade al País Vasco los artículos de la ley Antitabaco. A este 'impasse' no es ajeno el hecho de que la ley tiene para el departamento vasco de Drogodependencias un carácter «prohibicionista», un talante poco adecuado en su opinión para lograr el necesario respaldo social imprescindible para la luchar contra el hábito del tabaco.

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, confió ayer en que se cumpla la ley (de la que alabó su «claridad») y se respeten los espacios sin humo. Los hosteleros cifran en un 40% los locales no adaptados aún a la norma.