La oposición municipal al completo exigirá hoy la apertura de una investigación para esclarecer por qué varias cooperativas han exigido a sus socios hasta 210.000 euros -35 millones de las antiguas pesetas- por uno de los pisos protegidos que levantarán en el sector de Mariturri, en Zabalgana. El alcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, eludió ayer adelantar la posición del PP tras la polémica.

El regidor popular se reunió a primera hora de la mañana con una delegación de los afectados para escuchar su postura. Alonso les explicó que el Ayuntamiento va a «hacer un seguimiento de estas promociones» y que «ayudará a los cooperativistas a que los precios encajen. Ninguno -prometió- quedará desamparado».

El alcalde, que tras conocer que el precio de los 354 pisos protegidos de Zabalgana se disparaba planteó convertirlos en tasados, ha descartado «por completo» esta idea, rechazada de plano por la oposición. Así pues, sólo le queda buscar fórmulas para que las casas se ajusten a la ley y su precio final ronde los 120.000 euros.

Mientras, el PSE adelantó ayer que hoy propondrá que el Consistorio «tutele el proceso de entrega y el pago de las viviendas, y que se haga cargo del asesoramiento económico y jurídico a los cooperativistas afectados».

Responsabilidades

Su portavoz municipal, Patxi Lazcoz, defendió la conveniencia de «expulsar de futuros sorteos» a los administradores de las cooperativas en las que, tras analizar sus cuentas, se descubran irregularidades». Ello iría unido a una «petición de responsabilidades».

El resto de los partidos de la oposición también se muestran partidarias de controlar «el desfase» de precios que se ha producido en varias cooperativas. El PNV insistió en la necesidad de realizar una auditoría que desvele «con total transparencia» todas las cantidades, dijo Mikel Martínez. El portavoz jeltzale se congratuló de que la presión de los partidos empiece «a dar resultados». Y es que «parece que ahora hay cuatro de las ocho cooperativas en las que empiezan a rebajarse los precios».

Por su parte José Navas, de EB, recordó que «cualquier sobreprecio sobre lo estipulado es ilegal. Si alguna sociedad no cumple, Ensanche 21 deberá intervenir». En la misma línea, Antxon Belakortu, de EA, reiteró que «no permitiremos abusos».