Martes, 3 de octubre de 2006
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La Policía deja de repatriar 'ilegales' a Francia por las «lagunas» normativas
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La Policía ha dejado de repatriar inmigrantes clandestinos a Francia ante las «lagunas y vaguedades» que, a su juicio, presenta la reciente reforma del reglamento de la Ley de Extranjería. Desde el 24 de septiembre, cuando entró en vigor esta normativa que garantiza la asistencia letrada a los deportados, los funcionarios han bloqueado «casi al cien por cien» las devoluciones en frontera, a la espera de que el Ministerio del Interior dé órdenes concretas sobre el tratamiento que deben recibir los 'sin papeles'.

Mandos de Extranjería en Gerona, Lérida, Navarra, Huesca y Guipúzcoa informaron ayer de que, durante la última semana, se ha permitido la entrada a España por los pasos fronterizos con Francia de centenares de indocumentados -entre 1.500 y 2.000, según las estimaciones-, la mayoría de origen rumano y búlgaro. La decisión de no devolverlos al país vecino se debe a que los funcionarios desconocen cuál es el procedimiento para su repatriación inmediata.

La reforma del artículo 13 del reglamento, aprobada por sorpresa por el Gobierno, establece que todos los 'sin papeles' interceptados en la frontera gala deben ser informados de su derecho a abogado e intérprete. Los funcionarios tienen, además, la obligación de abrir un expediente formal, con posibilidad de recurso. Sin embargo, Interior no ha remitido circular alguna que fije el protocolo y determine si efectivamente cada inmigrante debe tener la asistencia de un letrado o basta con notificarle el derecho. Tampoco se han reforzado los servicios de intérprete en los pasos. Los funcionarios -denuncian los mandos de frontera- sólo conocen la nueva normativa a través del BOE.

Ante esta situación, los inmigrantes clandestinos no son retenidos. Los agentes sólo detienen a los extracomunitarios que tengan reclamaciones judiciales o se encuentren en busca y captura. Al Gobierno no le han cogido por sorpresa estos problemas: el 7 de septiembre, el Consejo de Estado, en su informe preceptivo sobre los cambios, avisó al Ministerio del Interior de que se estaba precipitando y debería haber llevado a cabo la modificación de una forma «más cuidadosa y sosegada».



 
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