El Estatuto de Aragón superó ayer su primer filtro parlamentario en el Congreso. El pleno de la Cámara baja aprobó por una amplia mayoría la toma en consideración del nuevo texto, que pasará a ser estudiado por la comisión constitucional una vez concluyan los trabajos de las reformas andaluza y balear. Se trata, como apuntó durante el debate el presidente de la comunidad autónoma, Marcelino Iglesias, de la primera reforma estatutaria que llega a las Cortes Generales sin ningún voto en contra y la única que ha contado con el apoyo del Partido Popular desde la oposición.
Iglesias defendió la propuesta como la solución a una injusticia histórica, cometida con el desarrollo de los primeros estatutos a comienzos de los ochenta como consecuencia de las presiones nacionalistas. «Nuestra sensación, en demasiadas ocasiones -apuntó-, era que no se entendía e incluso se penalizaba nuestra lealtad a España». El dirigente socialista advirtió de que «ya no es aceptable una España de dos velocidades» y pidió que se tome en cuenta que Aragón es una «pieza de estabilidad necesaria e imprescindible» en la zona geográfica que «ha soportado mayores tensiones políticas en nuestro país».
El último proyecto estatutario debatido en el Congreso -sexto de la legislatura- fue acordado entre PSOE, PP, PAR e IU con el objetivo, según Iglesias, de situar a la autonomía «en pie de igualdad» con otras comunidades. El alto grado de consenso hace prever un proceso rápido, que podría concluir a finales de abril.
Aún así, existen dos asuntos polémicos: el blindaje de los recursos hídricos -que, aún auspiciado por el Partido Popular aragonés , puede desembocar en conflictos con otras regiones limítrofes- y las referencias a la unidad del Archivo de la Corona de Aragón, un asunto que ha provocado roces con Cataluña.
