Los socialistas vascos intentan encontrar una fórmula lo suficientemente ambigua sobre el «respeto a la decisión de los vascos» -tal y como afirmó José Luis Rodríguez Zapatero a finales de junio- que sea aceptada por Batasuna y no pueda ser considerada una traición a sus planteamientos ni una cesión a la izquierda abertzale. La búsqueda de un enunciado que satisfaga a todas las partes y puede tener acomodo en el ordenamiento legal es uno de los motivos que está ralentizando los contactos abiertos para la constitución de una mesa de partidos. Los interlocutores del PSE-EE, PNV y la izquierda abertzale están tomando como referencia documentos elaborados con anterioridad por Jesús Eguiguren, así como planteamientos expuestos en el denominado 'plan Ardanza'.
La constitución del foro multipartito se ha convertido en una exigencia de la izquierda abertzale. Sin embargo, los socialistas aseguran que no se sentarán con formaciones ilegales, a lo que Batasuna responde que no se legalizará y que tiene que ser el Gobierno quien derogue la Ley de Partidos. El Ejecutivo rechaza hacerlo y, entonces, el grupo liderado por Arnaldo Otegi remite de nuevo a la puesta en marcha de la mesa como instrumento para superar los obstáculos. Un círculo vicioso sobre el que sobrevuela ETA. La cuestión es cómo romperlo.
A pesar de los avances, fuentes conocedoras del proceso sostienen que está casi descartado a corto plazo que se conforme este foro con una foto oficial, a semejanza de la que se realizó con la mesa de Ajuria Enea. Las críticas que recibiría el PSE-EE por sentarse con una formación ilegal la hacen imposible.
El 'atajo' para salir del atolladero sería un acuerdo en el que se establecerían los principios generales sobre los que se va a discutir en un futuro sin necesidad de poner en marcha la mesa de forma inmediata. Durante los últimos meses, tanto PSE, PNV como Batasuna han profundizado en este sentido. A través de reuniones secretas -la mayoría de carácter bilateral, aunque también las ha habido a tres bandas- los representantes de cada formación han intercambiado papeles y establecido unas bases mínimas sobre su funcionamiento y metodología.
Las conversaciones realizadas hasta el momento habrían solventado sin demasiados contratiempos los problemas 'técnicos': composición, temas a tratar, dónde se celebrarán las reuniones... Sin embargo, el parón habría llegado a la hora de profundizar en lo político. En este sentido, los socialistas -tanto a través de declaraciones públicas como por medio de documentos internos del partido- han dejado claro que es necesario cerrar todas las cuestiones desde un principio para que no haya posteriores «frustraciones».
Así, según la tesis oficial del PSE-EE, cada formación podría presentar sus planteamientos -desde el derecho a la autodeterminación al respeto a la Constitución- pero no como imposiciones, sino como puntos de partida. Además, los socialistas insisten en que habrá que «hacer compatible lo acordado en la mesa con la legislación estatal».
El escollo es cómo compatibilizar el derecho a decidir exigido por los nacionalistas con esa «lealtad constitucional» propugnada por la formación liderada por Patxi López. Fuentes conocedoras del proceso sostienen que de lo que se trataría es de establecer unos principios ambiguos -lo que algunos analistas definen como «ambigüedad constructiva»- que fuesen aceptados por todas las partes sin que supongan una «traición» para el contrario y que, asimismo, reciban el visto bueno de Madrid. O lo que es lo mismo, que no suceda lo ocurrido con el Estatuto catalán.
Antecedente
Habría un antecedente: la declaración efectuada por Zapatero el pasado junio en el Congreso, cuando señaló que «respetará las decisiones» que los vascos «adopten libremente», siempre que se ajusten a «las normas y procedimientos legales». Un pronunciamiento que fue recogido con satisfacción por la izquierda abertzale.
Los representantes de los tres partidos estarían trabajando con tesis ya plasmadas en otros documentos, entre ellos, los trabajos realizados por Jesús Eguiguren. El presidente del PSE-EE ya ha teorizado sobre esta cuestión en varios de sus libros. A su juicio, sería posible distinguir entre el «reconocimiento, la regulación y el ejercicio» del derecho a decidir. Así como las dos últimas fases sólo podrían darse a largo plazo, el reconocimiento sería fruto del diálogo multipartito y necesitaría la «previa concertación» con el Estado. ¿Cómo plasmarlo en la actual legislación? A través de la Disposición Adicional de la Constitución, que ampara los derechos históricos de los territorios forales.
Esta tesis de Eguiguren -una de las pocas que todavía no está incluida en el ideario oficial del PSE-EE- se complementaría con lo expuesto en la Adicional del Estatuto o, incluso, en el denominado plan Ardanza, presentado por el entonces lehendakari en 1998. El objetivo sería buscar una declaración poco concreta en la que se afirmase que se respetará la decisión de los vascos pero dentro del ordenamiento legal. De esta forma, los socialistas podrían convencer a los sectores más reacios del partido, que consideran que aceptar el derecho a decidir supone una cesión demasiado grande. «Más allá de eso no podemos ir», constata un destacado miembro del partido. A pesar de las complicaciones y de que todavía no se ve a corto plazo, los socialistas creen que el acuerdo es factible y que podría ser aceptado por el PNV.
Pero la pregunta es si será suficiente para la izquierda abertzale. Los más optimistas recuerdan la acogida que tuvieron en Batasuna las palabras de Zapatero. La clave, señalan, es si ETA ha decidido realmente que «no hay vuelta atrás». Si es así, podría servir de percha para que Batasuna se legalizase. Una tesis que desmontaría uno de los planteamientos esgrimidos durante meses por los socialistas y Batasuna: que la negociación política es independiente de la que lleva a cabo el Gobierno y ETA.
El papel de la banda terrorista sigue siendo el principal condicionante. Aunque algunos también ven matices. Durante el último Pleno de Política General, Patxi López reiteró las condiciones que pone su partido para crear la mesa: consenso, que la legalidad sea su marco y que «la violencia haya desaparecido para llegar a acuerdos». Hasta la fecha, la violencia debía desaparecer para constituir el foro. Un sutil matiz.
