Transcurridos cuatro años desde la aprobación de la Ley de Aportaciones, que es la que regula cómo se distribuye el dinero entre las instituciones vascas (Gobierno vasco, diputaciones y ayuntamientos), ha llegado el momento de renovarla, tal como prevé la propia Ley en vigor.
El Partido Popular es partidario de reducir el porcentaje de dinero que absorbe el Gobierno vasco, que ahora es de 70 de cada cien euros. Así lo hemos defendido en estos años pasados y, para ello, hemos aportado numerosos argumentos que no sólo no han perdido vigencia sino que han sido reforzados con el paso del tiempo.
Desde la perspectiva del Partido Popular, hay dos razones políticas que nos parecen muy importantes. Por un lado, creemos que las administraciones más cercanas son las que mejor responden ante la sociedad, como se puede ver en las encuestas de satisfacción del ciudadano y en la fluida comunicación que existe entre estos y las administraciones locales.
Por otra parte, sabemos que el dinero que gestionan la Diputación de Álava y los ayuntamientos alaveses se queda aquí, mientras que si ese dinero va al Gobierno vasco no sabemos dónde va a parar y tenemos la sospecha de que no lo volveremos a ver en la misma cuantía. Desde la perspectiva técnica, las principales ideas que hemos defendido han sido que el progresivo endeudamiento de las diputaciones en relación con el Gobierno vasco, que ha dedicado sus excedentes financieros para la liquidación de su deuda, es un indicativo de que el Gobierno está sobrado de dinero, mientras las diputaciones carecen de él. Asimismo, hemos recordado cómo el Gobierno vasco está invadiendo competencias forales. Una invasión que ha sido identificada por un estudio de la Universidad del País Vasco, que indica que el 43,5% del presupuesto de la Consejería de Agricultura está ejecutado sin respaldo competencial.
La tercera de las razones que nos hacen pensar que el Gobierno debe dejar más dinero en manos de las instituciones locales (diputaciones y ayuntamientos) es que hay competencias que la Ley de Territorios Históricos atribuye a las diputaciones y que aún no han sido transferidas. A juicio del Partido Popular, se deben producir las transferencias y, al mismo tiempo, dotarlas financieramente, ya que de nada sirve tener la competencia sin tener el dinero para ejecutarla adecuadamente.
En cuarto lugar, hemos de tener en cuenta que una materia de competencia foral como es bienestar social, está siendo ejercida por las diputaciones, como es su deber, pero viene siendo mediatizada por el Gobierno Vasco, que impone nuevas medidas y compromisos a los entes forales sin contribuir económicamente a sufragar los gastos que causa su intervención.
A estas cuatro razones esgrimidas hay que añadir dos más, como son el progresivo envejecimiento de la población. El Eustat estima que la población censada en el País Vasco con una edad superior a los 60 años crecerá en 100.000 personas en los próximos cuatro años, esto es, los años que va a estar vigente la nueva Ley de Aportaciones.
No me cabe duda de que este hecho debe ser considerado en el reparto de fondos públicos, habida cuenta que queremos seguir ofreciendo a nuestra gente mayor, como mínimo, la calidad de servicios que prestamos en estos momentos. Si hay más mayores, hará falta más dinero.
Por último, podemos ver cómo la inversión del Gobierno vasco está paralizada. De hecho, la inversión del Gobierno vasco en el último ejercicio es igual a la presupuestada en 1995, lo que indica la parálisis en la que se halla el Gobierno. No me cabe duda de que lo que no invierte el Gobierno vasco lo deben de invertir las diputaciones, como, de hecho, está sucediendo.
Por todo ello, el PP defiende una rebaja del coeficiente vertical, el que se atribuye al Gobierno vasco, de modo que las diputaciones cuenten con un 8,5% más para poder afrontar sus propias competencias y para poder financiar adecuadamente a los ayuntamientos, que dependen directamente de la situación de las arcas forales.
En esta negociación, sería bueno que la Diputación Foral de Álava estuviera acompañada por quienes, aunque sin demasiada valentía, han reconocido la realidad que aquí he apuntado. Me refiero a partidos políticos como el PNV y el PSE, o a las otras diputaciones, que, aunque tímidamente, han expresado públicamente la necesidad de revisar el modelo. Ahora llega el momento de la negociación y, en su transcurso, veremos cuál era la sinceridad de unos y otros a este respecto. Ojalá sirva para que diputaciones y ayuntamientos adecuen su capacidad económica a la realidad que necesitan los ciudadanos.
