La inveterada costumbre de los jueces de hablar sólo a través de sus autos, en vez de explicar con normalidad por qué hacen lo que hacen, impide encontrar razones 'oficiales' que justifiquen la detención, la pasada semana, de 19 personas, presuntamente relacionadas con prácticas delictivas en la contratación de camiones en el puerto de Bilbao; que sean acusadas de delitos tan graves como coacción, extorsión y fraude, que se les incomunique durante más de 72 horas y que se lesione su imagen pública con la sombra de la duda y el tratamiento de peligrosos delincuentes, para ser puestas todas ellas en libertad sin fianza y sin medida cautelar alguna. El desequilibrio es más que evidente.
Todo parece indicar que el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo -el mismo que investiga los atentados del 11-M-, en cuyas manos cayó el caso, corrigió a tiempo de evitar traumas mayores un operativo que arrancó con la fuerza de un potro jerezano para terminar en una llegada de burro manchego. Las pesquisas desarrolladas por la Ertzaintza durante algo más de un año, basadas fundamentalmente en escuchas telefónicas, tiene todos los tintes de ser una chapuza monumental, sostienen fuentes conocedoras del proceso. Incluso, hay quien asegura que cuando el magistrado comenzó a escuchar las declaraciones de los arrestados, a escrutar los 25 tomos que le ha entregado la Policía autonómica con la transcripción de las conversaciones grabadas y a cotejar los detalles de la supuesta trama del transporte que le habían dibujado y resumido los agentes, llegó a la conclusión de que alguien le estaba utilizando en una lucha banderiza y que se había metido en medio de una guerra en la que, fundamentalmente, se dilucidan intereses comerciales y el diseño de un nuevo modelo de contratación de camiones. «No voy a dejar que nadie instrumentalice la justicia», proclamó solemnemente Del Olmo a uno de los detenidos, justo antes de pronunciar el tranquilizador «queda usted en libertad».
Una foto movida
Cualquier conocedor de los entresijos portuarios de Bilbao, a la vista del listado de los arrstados, es capaz de concluir que ni estaban todos los que son, ni son todos los que estaban. Es cierto que entre ellos figuraba la cúpula directiva del principal sindicato de transportistas autónomos, Sintrabi, que se ha distinguido desde más de una década por imponer una 'rígida disciplina' en el movimiento portuario. Pero resultaba más difícil explicar el hecho de que, tras una investigación tan larga y aparentemente sofisticada, no hubiese ni un sólo implicado relacionado con Egas, la otra organización que defiende los intereses de los autónomos y que opera bajo la misma premisa básica: impedir la libre competencia para proteger la cuota de mercado de los que ya están dentro.
Ambas organizaciones proceden de un tronco común. Egas es producto de una escisión de Sintrabi ocurrida a principios de esta década y las declaraciones públicas de sus máximos responsables se diferencian poco de las que suelen hacer los de la otra central. «Si alguien pretende introducir la libre competencia en el puerto» - advirtió uno de los principales dirigentes de Egas en una rueda de prensa, hace poco más de un año - habrá más que palabras».
Sintrabi controla aproximadamente 1.000 camiones y Egas 200 en el puerto de Bilbao. Tienen perfectamente repartido el mercado, pero compiten para crecer por la única vía que puede hacerlo: que los transportistas se pasen de uno a otro 'bando'. En casi todo lo demás, son como dos gotas de agua. Incluso en el odio mutuo que se profesan.
Las detenciones incluyeron también a varios empresarios de empresas comercializadoras de transporte -intermediarios entre el camionero y el cargador-, que, paradójicamente, se han distinguido durante el último año por sus constantes manifestaciones a favor de una apertura de esta actividad a la libre competencia y a la negociación de un proceso de transición, que sea aceptado a la vez por consignatarios y transportistas. Por último, la 'nómina' del juez Del Olmo incluyó a dos destacados empresarios del puerto, que ocupan, respectivamente, la presidencia y vicepresidencia de la patronal de sociedades consignatarias y estibadoras. Ambos, también, se han distinguido por sus comparecencias públicas en las que apoyaban un proceso negociado para transitar hacia la competencia, la concentración de empresas comercializadoras, la transformación de un buen número de autónomos en asalariados y la participación accionarial de consignatarios y estibadores en las empresas de transporte. Un modelo que, lejos de ser original, parece haber recorrido con éxito sus primeros pasos en el puerto de Barcelona.
El papel de la Ertzaintza
¿Ha resbalado la Ertzaintza en su investigación por falta de expertos en la materia? Puede ser, pero cuesta trabajo pensar que no haya utilizado todos los medios a su alcance. El primero de ellos, la simple lectura de los periódicos o de las actas oficiales -están colgadas en Internet- de las reuniones del comisionado para la competitividad del puerto de Bilbao. Un organismo creado por el Gobierno vasco y cuyo trabajo avanzaba, lento pero aparentemente seguro, bajo la dirección de Rafael Puntonet. En las declaraciones públicas y en las reuniónes oficiales, cada protagonista en esta pugna por el control del transporte -camioneros, sindicatos y empresas consignatarias- se ha retratado, con nombres y apellidos, con una sinceridad inusual. Incluso los que quieren mantener un sistema de cártel lo han reconocido sin tapujos.
Además, para la Policía autonómica no puede ser una tarea excesivamente complicada obtener una 'fotografía' ajustada sobre la realidad del puerto de Bilbao. Al fin y al cabo, el actual jefe de seguridad de la institución portuaria es una persona de confianza para ella: su polémico ex jefe de la división de seguridad ciudadana Iñaki Muneta. Por el contrario, las escuchas telefónicas no parecen haber resultado concluyentes. Al menos, eso se desprende de las decisiones adoptadas por Del Olmo al poner el libertad sin medidas cautelares a todos los detenidos. Y es que más importante que pinchar teléfonos puede ser interpretar correctamente el contenido de las conversaciones.
El proceso iniciado por la Audiencia Nacional no se ha detenido. Seguirá su curso. El juez debe tomar ahora decisiones sobre el futuro de la investigación y también sobre el nivel de responsabilidad de cada uno de los detenidos. Cabe también la posibilidad de que haya nuevos imputados.
Por su parte, y sin descartar las actuaciones judiciales, el Gobierno vasco se ha mostrado partidario de acelerar las negociaciones entre Administración, empresas y transportistas, para intentar pactar un modelo de contratación que cumpla, de forma escrupulosa con la legalidad.
