La convicción mostrada por la vicepresidenta del Gobierno sobre el «acuerdo nacional de inmigración» que espera alcanzar el miércoles con los grupos parlamentarios recibió ayer un jarro de agua fría del PP. Su presidente, Mariano Rajoy, al presentar las cien propuestas de su partido en materia de extranjería, descalificó la oferta de pacto. Sin embargo, pese al nuevo desencuentro, a nadie le cabe a estas alturas la menor duda de que la solución al grave problema que la inmigración ilegal supone para nuestro país pasa por un firme consenso nacional. No se sabe en torno a qué ejes pretende alcanzar el Gobierno un acuerdo con las formaciones políticas, pero los populares ya han formulado un programa que, salvo en la exigencia de prohibir por ley regularizaciones masivas, puede encajar con las pretensiones del Ejecutivo socialista.
Un aspecto que podría ofrecer cierta fricción es el rechazo al multiculturalismo expresado en la convención del PP, asunto sobre el que el PSOE aún no ha ofrecido una posición clara. Pero son muchas las cuestiones -normas de entrada, repatriaciones- que deben abordarse en el pretendido acuerdo nacional. Y pese al enfrentamiento a cara de perro entre socialistas y populares, el sentido de Estado debe llevar a ambos a buscar el consenso. El Ejecutivo tiene que renunciar a escenificar como un logro de Zapatero el posible acuerdo y el PP, prestarse al mismo sin hacer bandera de la humillación del Gobierno ante sus errores. La sociedad española agradecería, como acaba de ocurrir con la Ley de Dependencia, que ambos partidos se apliquen al cumplimiento de sus obligaciones como representantes de los ciudadanos.
