La cantidad y diversidad de organismos sociolaborales que se han ido creando en el País Vasco deberían ser el reflejo de unas relaciones entre empresarios y trabajadores densamente estructuradas y con los suficientes mecanismos para encauzar cualquier tipo de divergencia. Por el contrario, la situación actual es de alta crispación, cuando no abierto enfrentamiento, por la progresiva minusvaloración de estos foros y de una forma brusca y altamente politizada de entender la acción sindical. Tanto el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) como el Consejo Económico y Social (CES) o el mismo Consejo Vasco de Empleo han sido objeto de abiertas descalificaciones por parte de sus integrantes, hasta poner en duda su eficacia y su propia existencia.
En el primer trimestre del año, los presidentes del CRL y del CES expresaron ante la comisión de Trabajo y Acción Social del Parlamento vasco la escasa utilidad real que, a su entender, tenían ambos organismos para propiciar acuerdos entre patronal y sindicatos. Martín Auzmendi, que posteriormente presentó su renuncia, y Antxon Lafont dejaron constancia de un panorama desalentador: el CRL apenas había impulsado seis pactos interprofesionales en sus veinticinco años de historia, mientras que el CES ha cerrado ejercicios con un único dictamen consensuado. Desde aquella comparecencia, la situación de bloqueo crónico que atenazaba a ambas instituciones, presas del abuso del veto, se ha agudizado camino de la ruptura. Es significativa la decisión de ELA -la central sindical mayoritaria en Euskadi, con un 40% de representatividad- de abandonar el Consejo de Relaciones Laborales. Y el presente del Consejo General de Osalan, del Consejo Vasco de Empleo o del mismo Hobetuz, al borde de la extinción, no es muy diferente; son entidades que languidecen por el enfrentamiento entre quienes deberían dinamizarlas, con su utilidad puesta en entredicho e incluso superadas en sus funciones por la realidad.
Los organismos sociolaborales nacieron para facilitar la participación de los agentes sociales en asuntos de su competencia y para que dispusieran de foros de diálogo e instancias consultivas. Se trataba de engrasar las relaciones entre patronal y sindicatos. Estas funciones no se han cumplido y, pese a contar con equipos humanos altamente cualificados, hoy son instituciones desprestigiadas, cuestionadas por sus integrantes, carentes de capacidad de intermediación y consenso, y que apenas sobreviven convertidas en focos de tensión y confrontación. Argumentos suficientes para que la clase política realice una reflexión en profundidad sobre cada una de estas entidades y sobre el modelo de relaciones a que responden. El tejido sociolaboral necesita instituciones que lo vertebren y hagan de cauces para el diálogo. Pero deben ser organismos bien definidos y, sobre todo, operativos, sin mecánicas de bloqueo que fomentan el egoísmo corporativo e impiden cualquier consenso. Dejar que estos consejos se degraden hasta su extinción, devorados por un rupturista panorama sociolaboral, sería una irresponsabilidad, si de verdad se cree en el valor de la pluralidad y el acuerdo.
