El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales ha dejado claro que los servicios de la Ley de Dependencia serán cofinanciados por las administraciones públicas y el ciudadano con arreglo a su situación económica. Este sistema, conocido como copago, ya es aplicado por las diputaciones vascas, que tienen la competencia de las residencias en Euskadi. El Gobierno vizcaíno ha establecido un precio público de 58,8 euros al día para sus centros; pero los usuarios -los que consiguen una plaza- no pagan toda la tarifa, sino una parte que depende de sus ingresos dinerarios. No obstante, reconocen la deuda, lo que significa que, cuando fallecen, sus familiares responden con el patrimonio heredado.
Límite máximo
Ese pago diferido no se aplica en Guipúzcoa, donde el precio público para una persona dependiente asciende a 54,24 euros y a 67,81 para un gran dependiente. El beneficiario no paga la cantidad íntegra, sino que también lo hace según su pensión y hasta un límite máximo de 45,15 y 56,45 euros, respectivamente.
La Diputación de Álava aplica una tarifa oficial de 905,7 euros al mes que se reduce en función de los ingresos del anciano, aunque su familia también reconoce la deuda. Asímismo, la institución foral concede ayudas directas a los alaveses de la Tercera Edad que no encuentran plaza en un centro público y tienen que acudir a uno privado. La cantidad máxima es de 682 euros, aunque la subvención media rebasa los 500.
El gobierno foral de Guipúzcoa otorga este tipo de ayudas sólo a personas ingresadas en instituciones privadas que están empadronadas en Irún, Hondarribia, Pasaia, Lezo y Oiartzun. La Diputación vizcaína las ha suprimido este año, aunque las mantiene para los ancianos que empezaron a acogerse a ellas con anterioridad.
