Las Juntas Generales alavesas rechazan abonar la factura del abogado que ha defendido en estos meses la postura de las instituciones vascas ante las sentencias y autos contrarios al tipo impositivo aplicado al Impuesto de Sociedades. La Mesa de la Cámara foral alavesa consideró ayer «no aceptable» la minuta de 1,4 millones que ha girado a las diputaciones, los legislativos provinciales y al Gobierno de Ibarretxe el bufete del letrado vizcaíno Ignacio Sáenz-Cortabarria.
Los grupos del PNV, el PSE y EA, con mayoría en este órgano, rehusaron pagar los 122.400 euros que le corresponden a la Cámara y han acordado solicitar al Colegio de Abogados pertinente -previsiblemente al Consejo General de la Abogacía Española- un dictamen sobre si esos honorarios se ajustan o no a sus criterios.
Según indicaron portavoces del grupo socialista, cuya oposición a hacer frente a la factura del experto en Derecho Comunitario es frontal, las Juntas explicarán en su petición por qué les resulta «excesiva y abusiva». El PSE ha sido el que ha liderado este 'plante' en contra del criterio del PP, el partido que gobierna en minoría la Diputación alavesa. El grupo popular defendió ayer el abono de la minuta «por coherencia» con la decisión del Gabinete Rabanera, que ya ha girado al letrado vizcaíno los 122.400 euros que le tocaban.
En Vizcaya, sin pegas
La vicepresidenta de la Mesa, la popular Laura Garrido, recordó ayer que este abogado, que descubrió el 'caso de las Azores', fue recomendado en su día por la Diputación vizcaína y el Gobierno vasco. «Álava renunció al bufete que tenía hasta entonces y decidimos ir todos juntos», indicó. Garrido aseguró, asimismo, que el Gabinete Rabanera ha sido el que ha conseguido que Sáenz-Cortabarría rebajase su factura inicial y que el reparto de la minuta se hiciese de acuerdo con los coeficientes de la Ley de Aportaciones. Es decir, que al territorio le corresponde asumir el 17%, a Guipúzcoa el 33%, y a Vizcaya, la mitad.
De momento, además de la institución foral alavesa, han abonado su parte la Diputación y las Juntas vizcaínas, lideradas por el PNV.
El grupo juntero jeltzale aseguró ayer que acatará el dictamen que emita el Colegio de Abogados con el que se consulte. En el caso de que las Juntas alavesas tengan que hacer frente a los 122.400 euros previstos, los peneuvistas recuerdan que la Cámara carece de capacidad presupuestaria para asumir ese pago. En este sentido, pedirán al PP y al PSE que busquen una fórmula para ayudar a la Cámara provincial con los pagos «en su comisión de seguimiento del pacto presupuestario», indicaron portavoces del PNV.
El portavoz del PSE, Txarli Prieto, por su parte, considera que la minuta del abogado del Impuesto de Sociedades es «una auténtica salvajada». Critica que las instituciones vascas aceptaran sus servicios sin pedir un presupuesto y acusa al PP de haber metido a Álava en pleitos por una cuestión que, asegura, «aún está sin resolver».
